El debate se centra, por un lado, en la recién aprobada ley de consells insulares, que actualiza la norma del año 2000, y, por otro lado, en la polémica que ha generado la celebración de la primera Pride Week de Palma, en paralelo a los actos del orgullo, y que ha provocado incluso la petición de dimisión de la regidora del área LGTBI, Sonia Vivas.