Illes Balears |
La nueva normativa del Consell d’Eivissa que regula la entrada de vehículos a la isla durante la temporada alta ha generado una fuerte respuesta del sector empresarial y de organismos reguladores.
La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval) ha respaldado el recurso legal interpuesto por Baleval, la patronal balear del rent a car, en contra de la medida que limita a 600 los vehículos autorizados por empresa. Feneval denuncia que esta regulación pone en riesgo la viabilidad de muchas compañías del sector, rompe la equidad del mercado, restringe la competencia y genera inseguridad jurídica.
Además, su presidente, Juan Luis Barahona, ha alertado sobre posibles consecuencias negativas como el aumento de precios, deterioro del servicio y perjuicio a la imagen turística de Ibiza. Incluso, ha cuestionado también la legalidad del procedimiento, señalando que la normativa no se publicó con los tres meses de antelación exigidos por la ley autonómica, y ha criticado la falta de un análisis riguroso ni de alternativas de transporte que compensen la limitación impuesta.
A este frente se ha sumado un requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que considera que el sistema de reparto de vehículos —basado en la ley d’Hondt— favorece injustamente a empresas pequeñas en detrimento de las grandes, distorsiona el mercado, reduce incentivos para competir en calidad y precio, y no respeta criterios de proporcionalidad ni de sostenibilidad ambiental.
Pese a estas críticas, el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, ha defendido la medida como parte de una estrategia para reducir la presión turística sobre la isla y mejorar la convivencia con los residentes. No obstante, ha dejado la puerta abierta a futuras modificaciones según el avance de los recursos judiciales presentados.
Por el momento, los tribunales han rechazado las solicitudes de suspensión cautelar presentadas por la naviera Baleària y la propia Baleval, lo que permite la aplicación de la normativa este verano mientras continúa el proceso judicial.
En paralelo, la normativa también ha suscitado críticas en Formentera, donde formaciones como el PSIB-PSOE y Gent per Formentera denuncian que la regulación limita la movilidad de sus residentes.
Según alegan, la medida impide en muchos casos los desplazamientos a Ibiza para necesidades básicas como asistencia sanitaria o trámites administrativos, afectando directamente al derecho de movilidad de los ciudadanos de la isla vecina.