Carmen Ferrer: "Hay que actualizar la Ley de Costas antes de aplicar un reglamento que pone en riesgo negocios históricos"

La alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, ha defendido en Más de Uno Ibiza y Formentera la necesidad de paralizar la aplicación del nuevo reglamento derivado de la Ley de Costas que afecta a numerosos establecimientos tradicionales del litoral, después de que el Senado aprobara una moción solicitando al Gobierno una moratoria.

Ferrer, que participó en la defensa de esta iniciativa junto a más de 40 alcaldes de toda España, ha asegurado que la aplicación del reglamento "se está haciendo desde un despacho, sin ver lo que supone para el territorio" y ha advertido de que, en el caso de Ibiza, las consecuencias van mucho más allá de la actividad económica, ya que afectan "a la identidad, las tradiciones y una manera de entender y vivir la costa" y en este sentido, también ha recordado que muchas de estas concesiones "corresponden a negocios familiares que llevan décadas formando parte del paisaje y del patrimonio de la isla, además de generar empleo y contribuir al mantenimiento del entorno litoral".

Al mismo tiempo, ha explicado que la principal reivindicación pasa por detener temporalmente la aplicación del reglamento para revisar una normativa que considera desfasada, ya que la actual Ley de Costas data de 1988, y además ha señalado que "las nuevas condiciones reducen el periodo concesional de 65 a 30 años, modifican radicalmente los títulos existentes y lo hacen sin ninguna garantía de indemnización económica para los afectados, lo que genera inseguridad jurídica y un importante perjuicio económico". Y por ello, ha insistido en que "hay que cuantificar qué supone esta modificación y valorar también la parte etnográfica, patrimonial y ambiental ya que proteger el litoral es compatible con mantener actividades tradicionales que durante décadas también han contribuido a cuidar estos espacios".

En este sentido, Ferrer ha puesto como ejemplo establecimientos históricos de enclaves como Cala Llonga o Pou des Lleó, donde varias generaciones de familias ibicencas y visitantes han mantenido una relación estrecha con estos negocios y ha llamado la atención sobre que estos establecimientos "forman parte de la forma de vivir la playa y de la hospitalidad característica de la isla", defendiendo que la moratoria "permitiría a los propietarios presentar alegaciones con más tiempo, adaptar sus negocios a las nuevas exigencias si finalmente fueran necesarias y, en su caso, reclamar una compensación por el perjuicio económico derivado de la reducción de las concesiones".

Por último, la alcaldesa de la Vila des Riu ha reconocido que mantiene una postura "realista" sobre las posibilidades de modificar la normativa, ya que recuerda que el Gobierno central es quien debe impulsar la actualización de la Ley de Costas, aunque también ha confiado en que la presión de las asociaciones, los ayuntamientos y la sociedad civil "contribuya a abrir un diálogo que permita encontrar soluciones".