La reunificación de sedes judiciales en Oviedo no llegará en esta legislatura
La intención del Gobierno regional es hallar una “solución de ubicación”, según la consejera de Presidencia, Rita Camblor
Momentos antes de participar en la Comisión Mixta entre el Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Camblor ha explicado que el objetivo actual del Ejecutivo es "tener planteada" la solución y, de cara a la siguiente legislatura, comenzar a trabajar en el presupuesto y el plan de reunificación para poder acometerlo "en el menor tiempo posible".
La reunificación, ha justificado Camblor, "no es un tema baladí" sino que económicamente va a acarrear un coste "importante" que ahora mismo la situación de la administración autonómica "no permite" asumir.
De cara a buscar esa solución de ubicación, la consejera ha señalado que la zona de Llamaquique "es buena", y ha explicado que ya existe una comisión de trabajo con el TSJA, la Universidad y el Ayuntamiento para consensuar y buscar una zona "que sea factible".
A este respecto, el presidente del TSJA, Jesús Chamorro, ha ofrecido su colaboración para encontrar una solución, pero ha advertido de que esa colaboración "no debe ser la razón para que se posponga la justicia sobre otros servicios públicos". Se ha referido en este punto a "otros servicios" que demandan también espacios públicos y ocupan actualmente alguno en la zona de Llamaquique, y ha señalado que "no deben ser más prioritarios" que los servicios de justicia, unos servicios "esenciales", "tanto o más que la enseñanza".
En la reunión se han abordado otros asuntos como la digitalización, problemas de estabilidad de las plantillas de funcionarios, o la renovación de equipos informáticos, además del informe del Colegio de Arquitectos sobre las infraestructuras judiciales en Asturias.
Por otro lado, Chamorro ha instado a la Junta General a "tomar la iniciativa" para proponer la terna de tres candidatos para la vacante pendiente de la Sala de lo Civil y Penal, aunque ha explicado que todavía no se podrá proceder al nombramiento por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sobre este asunto, ha insistido en la necesidad de cumplir con la Constitución, que establece un periodo de cinco años para las vocalías.