La propuesta de dictamen señala como responsables políticos a Nieves Roqueñí y Enrique Fernández

Los actuales presidentes de la compañía pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí respectivamente, figuran entre los siete responsables personales en el borrador del dictamen que ha elaborado la presidencia de la comisión de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) que investiga el accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos de gravedad hace algo más de un año.

Las conclusiones del borrador han sido presentadas en una rueda de prensa en el Parlamento asturiano por la presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, acompañada de Laura Tuero, de su equipo.

Tanto Fernández como Roqueñí figuran como responsables políticos de lo ocurrido por su etapa al frente de la consejería asturiana que gestionaba el servicio de Minas. Liderando ese departamento también estuvo Belarmina Díaz, que figura también entre los responsables y que ya dimitió días después del accidente.

Otras responsabilidades personales determinadas en el dictamen por lo ocurrido son las de otro exconsejero, Isaac Pola, que fue director del área de Infraestructuras Industriales del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (Idepa) de 2020 a 2023 y viceconsejero de la consejería competente entre 2023 y 2025. Actualmente es asesor técnico en el área de Crecimiento e Inversión de la Agencia Sekuens.

También figuran Alberto Quirino (Jefe de Sección), Santiago Berjano (Jefe de Servicio) y Gonzalo Martín (Secretario general técnico). "Deben ser cesados de los puestos que ocupan", ha señalado Tomé en relación a las siete personas que figuran como responsables políticos.

Según señala el dictamen , la causa "inmediata y directa" del siniestro fue la realización de labores extractivas clandestinas en condiciones incompatibles con la seguridad minera, sin ventilación reglamentaria ni circuito de evacuación adecuado. La comisión de investigación parlamentaria busca, en cualquier caso, analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades por la gestión del Gobierno en los últimos años que han desembocado en el accidente del 31 de marzo de 2025.

En esta linea el texto señala que la Administración minera no causó directamente el accidente, pero "incurrió en fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria que favorecieron un contexto de riesgo no corregido".

En relación a Nieves Roqueñí, que fue consejera entre agosto de 2023 y 2025, el borrador señala que era la titular del departamento competente en materia de industria y minería hasta poco antes de que se produjese el accidente. Además, con carácter previo ejerció de Viceconsejera en esa misma Consejería entre los años 2019 y 2023, ostentando dicho cargo cuando se produjo el accidente de 2022.

En el dictamen se explica que Roqueñí ostentaba la responsabilidad política y administrativa superior derivada de su posición como máxima responsable del departamento al que se hallaban adscritos los órganos con competencia en materia de autorización, supervisión e inspección minera.

Se aprecia responsabilidad, en primer lugar, por no haber ejercido una supervisión política reforzada sobre un expediente en el que ya había existido un accidente previo con víctimas mortales como era el relativo a la explotación minera de Cerredo, en el año 2022.

Asimismo, desde su Consejería tampoco se impulsó la realización de ningún tipo de auditoría sobre la adecuación del marco autorizatorio de la explotación, pese a la notoriedad y sensibilidad del asunto, ni tampoco de la figura del proyecto de investigación complementaria (PIC) y su ausencia de regulación.

Añade el texto que también resulta responsable por mantener durante su mandato una estructura organizativa y de inspección insuficiente para el adecuado control de actividades mineras, sin promover las reformas estructurales necesarias para reforzar la capacidad inspectora, técnica y preventiva de la Administración autonómica.

De Enrique Fernández Rodriguez, en la Consejería competente en materia de minas entre julio de 2019 y agosto de 2023, se señala que era el titular de la Consejería competente en materia de industria y mineria cuando se produjo el accidente de 2022 y continuó en ese puesto hasta agosto de 2023. "Por tanto, las responsabilidades señaladas para doña Nieves Roquerí Gutiérrez son también trasladables a figura", se afirma en el borrador.

En cuanto a la ya dimitida Belarmina Díaz, que fue directora General en materia de minas entre 2017 y 2019 y consejera en materia de minas en el momento del accidente, se señala que firmó cuatro resoluciones de enorme trascendencia para el caso, en referencia a la de la autorización del proyecto de abandono de laobres, la autorización de la transmisión a Combayl, la de transmisión a Blue Solving "sin acreditación de solvencia técnica y económica del cesionario y sin motivación en los fudnamentos jurídicos" y la resolución que aprueba el PIC "sin amparo normativo expreso".

El dictamen considera que Díaz incurrió en responsabilidad por autorizar resoluciones que permitieron "la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre, restauración o limitación de la actividad minera" y de "haber otorgado transmisiones concesiones sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa y reforzada de la adecuación material de tales actos al marco jurídico aplicable ni a la situación real de la explotación", entre otras cuestiones.

En cuanto a Isaac Pola, el borrador alude a la dependencia funcional directa sobre la Dirección General competente en materia minera y señala que ostenta una responsabilidad política-operativa especialmente cualificada, derivada de su posición de supervisión directa sobre la estructura administrativa responsable de la tramitación, control y seguimiento de los expedientes mineros.

"Por tanto, se aprecia que incurrió en responsabilidad, en primer lugar, por no haber ejercido una fiscalización reforzada y efectiva sobre la actuación de la Dirección General competente en materia minera, pese a que el asunto de Cerredo se tratase de un expediente de extraordinaria sensibilidad técnica, jurídica y material. Asimismo, también ha contribuido institucionalmente al aval, consolidación o tolerancia administrativa de la figura del PIC como instrumento habilitante, sin promover una revisión jurídica o técnica de su adecuación normativa y material. Del mismo modo, también resulta responsable de las mismas cuestiones imputadas a su Consejera", señala el borrador.

El texto también incluye responsabilidades institucionales de la Administración del Principado de Asturias y recomendaciones entre las que figuran que se den anticipos de indemnizaciones a las víctimas y sus familiares.

A partir de ahora se abre un plazo de diez días para que los diferentes grupos parlamentarios asturianos presenten sus aportaciones al dictamen. Posteriormente se debatirán y se incluirán o no. La previsión es que el dictamen definitivo esté aprobado a finales de mayo. Existe la posibilidad de que existan votos particulares.

Covadonga Tomé ha comentado que la elaboración del dictamen fue "muy laborioso" y que en el proceso no han faltado "tensiones y presiones". Además, ha lamentado que la documentación que solicitó la comisión de investigación sobre el asunto se les trasladó de forma "absolutamente desordenada".

Tomé se ha referido al reciente informe de la Inspección General de Servicios sobre el servicio de Minas. "Coincidimos bastante con el análisis de ese informe tan exhaustivo, aunque un poco descafeinado en cuanto a las consideraciones finales y en cuanto a las propuestas", ha apuntado.