De manera paulatina fueron sucediendo hechos similares en otros centros de la ciudad, repitiéndose la misma forma de obrar, llamando la atención de los investigadores que los autores pudieran acceder al interior de los colegios sin causar ningún tipo de daño y sin que se activasen las alarmas. Los hechos se producían con determinada cadencia temporal y, pese a haber material educativo de cierto valor, únicamente se sustrajo dinero en cada robo, hasta un total de 4.000 euros.
Todo lo anterior hizo que los agentes centrasen sus investigaciones en torno a las personas que pudieran tener algún tipo de relación con los centros educativos y libre acceso. Durante la investigación se observó que el servicio de alarma no saltaba durante las fechas objeto de investigación, si existían conexiones y desconexiones sin justificar, realizadas de modo manual en la alarma.
Las investigaciones se centraron en saber quién desempeñaba ese servicio de vigilancia nocturna en las fechas investigadas, coincidiendo siempre la misma persona. El detenido no pudo en ningún momento justificar el porqué de su acceso al interior de los distintos centros, omitiendo en todo caso el protocolo establecido por los distintos equipos directivos de los centros perjudicados.