Acuerdo de mínimos de política, empresas y sindicatos
El Consejero de Industria afirma que se mantiene la reivindicación de un trato específico para las empresas hiperintensivas
Unidad básica en materia industrial
El documento firmado hoy es una posición común de mínimos para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez apoyo claro a la industria asturiana. Es la llamada Alianza por la Industria, la contestación asturiana al estatuto electrointensivo aprobado por el Gobierno central hace mes y medio. La Ministra de Industria lo hace defendido como útil junto a otras medidas del ejecutivo central. El Gobierno del Principado, seis casi todos los grupos parlamentarios, Fade, UGT, Comisiones Obreras, Cámara de Comercio de Oviedo y Universidad de Oviedo respaldan exigencias como reemplazar el sistema de subastas o aplicar medidas que sí tienen otros estados europeos
Hace falta más apoyo
El Consejero de Industria Enrique Fernández acepta que es un acuerdo básico pero al menos es mayoritario. El titular asturiano de economía afirma que la "reivindicación" para más medidas se mantiene. Las competencias en la materia son del Gobierno central y las instituciones comunitarias pero la exigencia sobre medidas adecuadas a Asturias va a ser "continua y permanente". De forma más moderada o más impactante, todos los partidos, los sindicatos y las organizaciones empresariales han mostrado su rechazo a este reglamento porque desatiende las necesidades particulares de la industria regional con empresas como Arcelor o Asza cuyo coste energético es superior al de las 600 empresas acogidas al estatuto.
Apoyo parlamentario casi completo
Aunque reconocen que es un acuerdo básico, la mayoría del parlamento participa de esta llamada Alianza. Es el caso del grupo mayoritario de la oposición. El popular Álvaro Queipo llama la atención sobre el resto de grupos que no respaldan el recurso del PP para incluir beneficios para la industria hiperelectrointensiva en el estatuto aprobado a mediados de diciembre. Podemos no estuvo en la firma porque consideran que la Alianza se queda corta al no exigir la entrada de las administraciones en el capital de empresas en apuros.