Respeto y dignidad. Son las palabras coreadas por las decenas de personas convocadas por el CERMI ante la Consejería de Derechos Sociales para exigir al Gobierno el pago del dinero comprometido en el plan de acción concertada y la actualización de precios que data de 2016. Eduardo Llano, tesorero de la organización que aglutina las asociaciones de atención a la discapacidad, da cuenta de los problemas financieros que les ahogan para asistir a cientos de personas. Los costes han subido un 7 por ciento para atender a más de un millar de discapacitados, advierte Llano. El próximo viernes habrá una reunión con la consejería para abordar este asunto.