Más de Uno Luarca 15/01/2024

La vista oral está señalada para mañana martes, día 16, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, a partir de las 09.30 horas. Con anterioridad ya hubo varios fallos por lo social que constataron “el acoso” que sufrió el denunciante, que ahora puso los hechos en conocimiento de lo penal para depurar las responsabilidades que pudieran derivarse.

El Ministerio Fiscal sostiene en el año 2012, el Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdés, contaba con dos Unidades de Trabajo Social (UTS), una para la zona de Trevías, siendo la trabajadora social responsable de la misma la acusada DDD, y otra para la zona de Luarca, siendo la trabajadora social responsable de la misma la acusada EEE. En este Centro Municipal existía una tercera trabajadora social, la acusada CCC, que se encargaba de los programas de Servicios Sociales del Ayuntamiento, así como de todo lo relacionado con la ayuda a domicilio.

En esa época, el denunciante prestaba servicios, mediante contrato laboral indefinido con antigüedad de 1 de noviembre de 2003, en el Centro Municipal de Servicios Sociales, ejerciendo el cargo de educador social y desempeñando sus funciones en el Programa de Atención a las Familias, Infancia y Adolescencia, que debía ser desempeñado conjuntamente con las trabajadoras sociales de las UTS, y en el Programa de Incorporación Social, siendo responsable de las gestiones y tramitaciones propias del mismo, así como de la elaboración de informes relacionados con inmigrantes.

Para el desempeño de las funciones este debía ser informado por las trabajadoras sociales de los posibles ciudadanos destinatarios de su servicio o prestación. Pese a ello, aquellas se negaban a facilitarle la información necesaria para desempeñar su Programa de Incorporación Social.

Relacionado con ello presentó varios escritos de queja en el Ayuntamiento a fin de poner en conocimiento la situación y que se adoptasen medidas para solucionarla. En julio de 2013, las tres trabajadoras sociales fueron amonestadas. El 27 de julio de 2013, se aprobó una moción de censura en el Ayuntamiento de Valdés, resultando proclamado alcalde electo el acusado Simón Guardado, el cual nombró concejala delegada de Servicios Sociales a la acusada, que asumió el cargo el 2 de agosto de 2013. En octubre de 2013, la acusada, como concejala delegada en la materia, estableció un nuevo organigrama de Servicios Sociales, en el que de hecho se asignaba la Unidad de Coordinación del Servicio a la trabajadora social, la acusada, una función coordinadora, que ejerció hasta febrero de 2017.

Durante ese período dejaron de realizarse reuniones del equipo pluridisciplinar del centro para pasar a celebrarse entre la concejala y las trabajadoras sociales, las cuales prescindían de la presencia del educador social.

Volvió a presentar nuevos escritos en el Ayuntamiento para denunciar la situación, informando de que ello ocasionaba irregularidades. A consecuencia de ello, el trabajador causó baja por incapacidad temporal el 30 de octubre de 2013 y, al mes siguiente, la acusada BBB requirió a la Policía Local de Valdés para acceder al despacho del educador social y sacar del mismo todos los expedientes que estaba tramitando.

Tras reincorporarse al trabajo el 22 de enero de 2014, no pudo desempeñar sus funciones, ya que no le devolvieron los expedientes señalados, no recibió derivación alguna ni citación de usuarios por parte de las trabajadoras sociales y su ordenador fue desconectado del servidor.

También presentó nuevo escrito dirigido al alcalde, a fin de exponer la situación, causando nuevamente baja en fecha 29 de enero de 2014. Posteriormente, se reincorporó el 11 de febrero de 2014 y se mantuvo hasta el día 1 de diciembre de ese mismo año, período durante el cual no pudo desempeñar sus funciones como educador social del Centro.

En ese mismo período de tiempo, la concejala delegada de Servicios Sociales, la acusada BBB, realizó la evaluación individual de los trabajadores del Centro Municipal de Servicios Sociales para la percepción del complemento de productividad, señalando respecto del denunciante: 'Desconozco la labor realizada por el educador social dentro del equipo', pese a ser consciente de la situación en que se encontraba el mismo, evaluación que reiteró en septiembre de 2015, motivo por el que al trabajador le fue retirado un complemento de su nómina.

Tras esto, remitió nuevos escritos dirigidos al alcalde, poniendo de manifiesto una vez más la situación en que se encontraba y a la que estaba siendo sometido en su puesto de trabajo, causando nuevamente baja desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 8 de enero de 2015. Cuando se reincorporó a su puesto de trabajo, la acusada BBB le envió el organigrama del Centro y le pidió que le remitiese información por escrito, y con periodicidad no superior a dos meses, relativa a las actuaciones y programas desarrollados por el mismo en su actividad profesional, requerimiento que no consta que se hiciera al resto de trabajadores, informes en los que el denunciante alegó no poder realizar sus funciones porque las trabajadoras sociales no le derivaban actuaciones, pese a la existencia de familias y menores en riesgo de exclusión social, personas solicitantes y beneficiarias del salario social básico o inmigrantes.

En julio de 2015, la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la Comarca del Noroccidente, profesional perteneciente a la Consejería de Educación y Cultura del Principado, entregó escrito de denuncia al Alcalde del Ayuntamiento de Valdés en el que relataba que en el curso escolar 2014-2015, las acusadas DDD y EEE le habían comunicado que no podían dar respuesta a diferentes casos de menores en riesgo de exclusión social por hallarse el educador social de baja.

Las trabajadoras sociales acusadas no trasladaban dichos expedientes al educador social, impidiéndole el acceso a los mismos para el desempeño de sus funciones. Del mismo modo, existía un sistema de información de usuarios de Servicios Sociales, aplicación informática del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que utilizaban todos los Centros Municipales de Servicios Sociales a nivel nacional.

Con relación al mismo, a principios del año 2015 el Centro Municipal de Servicios Sociales de Valdés, cuya responsable era la acusada BBB, solicitó la adjudicación a las tres trabajadoras sociales y al informático municipal de un perfil de administrador gestor, que les permitía modificar el resto de los perfiles, mientras que para el educador social se solicitó un perfil de lectura, que únicamente le permitiría acceder (en ese modo lectura) a ciertos módulos.

A raíz de los hechos, el trabajador fue postergado en su puesto de trabajo y sufrió un gradual e intencionado vaciamiento de sus funciones laborales, con el consiguiente aislamiento y grave menoscabo de su dignidad personal y profesional.

Por su parte, el alcalde del Ayuntamiento y responsable último del centro municipal tuvo conocimiento pleno de la situación en que se hallaba el trabajador, tanto por el cargo que desempeñaba como por los escritos que recibió del perjudicado, comunicándole la situación y solicitando la adopción de medidas para ponerle fin, pese a lo cual no contestó a los requerimientos y no adoptó media alguna, contribuyendo a incrementar el padecimiento del perjudicado y a su perpetuación en el tiempo, explica la Fiscalia.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la integridad moral del art. 173. 1.2º del Código Penal. Y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 1 año y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La parte demandante eleva la prisión hasta los 7 años por lo grave y lo reiterado en el tiempo de lo acontecido.

La Asociación de Discapacitados del Noroccidente de Asturias, Adinora, organiza el X Festival Benéfico, con la participación de siete artistas que subirán al escenario del Teatro Casino de Puerto de Vega, este viernes día 19 desde las 20 h. La finalidad recaudar fondos por la causa.

Ángel Manuel Ramos, Pdte. del colectivo que aglutina a una decena de personas con discapacidad y las respectivas familias, explico que subirán al escenario los artistas; Jorge Menéndez, Sebi, Puma Rodríguez, Play Black, Goyo Suárez, Fran Juesas y Mina Longo.

Los artistas acuden “desinteresadamente” siendo el precio de la entrada de 6 €, las reservas en el teléfono 607 51 53 19.

La capacidad del local para la ocasión es de 320 entradas y espera que acuda la mayor parte de gente posible “por doble motivo. Por un lado, por ayudar al colectivo y por el otro el de arropar a los artistas, para que no se vean solos”.

La recaudación servirá para financiar los servicios de logopeda y fisioterapia “que tan necesarios son para los usuarios.”

El resto de la info a modo de titulares:

Mañana comienza la vista judicial contra el exalcalde PSOE de Valdés, Simón Guardado, por el que la acusación solicita 7 años de prisión y la Fiscalía 1,6. El X Festival de Adinora con un total de siete artistas aspira a llenar el Casino de Puerto de Vega este viernes. Una veintena de personas participaron en Coaña en la apertura del programa europeo Care4Diabetes del SESPA. Hoy reabrió el consultorio periférico de San Martin de Luiña de Cudillero, tras siete meses cerrado por una fuga de agua.

La Concejala de Medio Rural de Valdés espera que las obras de los 23 caminos de la concentración parcelaria de Santiago con un millón de inversiones den comienzo a finales del verano. El sueldo de compra durante un año de 150 € de ASCOVE ha sido para el número 97.677, vendido en joyería Cancio. Miles de personas siguieron en directo el sorteo de los 6.000 € de Acisa-Ribadeo, en el que Naroa Penedo se llevó los 2.500 €. Los ríos Navia, Eo y Esva han acogido el dispositivo del censo anual de aves acuáticas invernantes del Occidente.

Ayto. Valdés convoca una plaza de un gestor del Plan de Sostenibilidad Turística. El Ayto. Cudillero fija la prueba teórica para los 20 aspirantes a una plaza de peón-conductor para último viernes de mes. Ayto. Ribadeo solicita una subvención de 164.000 € a la Xunta para la mejora de la red caminos municipales. Recuperado el manojo de llaves extraviado entre el Chano de Luarca, la rula y las Arroxinas. Apenas 120 gramos recogidos de micropasticos entre cuatro playas del Occidente.

El Ayto. Valdés inicia una serie de obras rurales y urbanas para el primer trimestre del año con una inversión de 55.000 €. El Colegio Padre Galo de Luarca alcanza la final de EDP “Elegimos la Tierra, Ideas para la Sostenibilidad”. Luis Felipe Fernández se reunirá con el consejero de Medio Rural para perfilar el Foro Comunicación. La bombona de butano sube un 5% a partir de mañana alcanza los 15,89 euros. La mindoniense Elena Candia encabeza la lista del PP por Lugo al Parlamento con una renovación del 68%.