El capataz había demandado a la empresa municipal por despido improcedente, pero retiró la denuncia y no hubo juicio. Según USIPA lo hizo tras alcanzar un acuerdo con Emulsa, algo que no entienden. Si el caso de acoso sexual y laboral era tan claro y los hechos tan graves, no tiene sentido, dice su presidente.
Han pedido información a Ayuntamiento y Emulsa. Recuerdan que los hechos son graves y se dañó la imagen de toda la plantilla, además de que si hubiese indemnización se habría pagado con dinero público.
El Ayuntamiento niega que se hayan pagado 100.000 euros al capataz despedido para no ir a juicio. USIPA asegura que el procedimiento para despedirle no siguió los cauces legales y eso podría haberle dado armas para su defensa.