Los sindicatos UGT y CCOO exigen al Gobierno de España que apruebe cuanto antes el reglamento para indemnizar a las víctimas del amianto. Hoy se cumplen dos años del plazo previsto para dar ese paso y activar así el fondo de ayudas contemplado en una Ley aprobada en 2022. Cabe recordar que ese producto químico, que se usaba por ejemplo como aislante, está prohibido desde 2001 y se le vincula con diversos tipos de cáncer y trastornos respiratorios.
José de las Morenas, secretario de Salud Laboral en UGT Aragón, cree que el Gobierno está “ninguneando” a las víctimas. Ha detallado que las ayudas estatales para compensar a las víctimas oscilarían entre los 25.000 y 40.000 euros, aproximadamente, pero tendrían que tributar el IRPF. Muy lejos de los hasta 160.000 euros con que se compensa a los afectados por el amianto en países como Francia.
De las Morenas ha recordado que en Aragón se produjeron casos de enfermedad vinculada a la exposición al amianto en varias empresas industriales. Existe un plan de control que supone la realización de cribados a entre 600 y 800 trabajadores en el servicio de Neumología del Hospital Miguel Servet. El porcentaje de enfermedades detectadas con posible vinculación oscila entre el 3 y el 6%.