Entre enero y septiembre de este año, el sindicato ha detectado 36 casos, con un total de 62 víctimas, a las que ofrecen acompañamiento y apoyo legal. La explotación laboral se concentra en el sector agrícola y en el trabajo doméstico y de cuidados, aunque también se dan casos en la hostelería y la construcción.
Las víctimas son en su mayoría jóvenes, procedentes de Rumanía y Latinoamérica. Además, cada vez hay más mujeres. El 30% son migrantes en situación irregular y el 50% de los casos ocurren en el medio rural.
El responsable de Migraciones en UGT, Antonio Ranera, ha advertido de que se trata de personas que aceptan condiciones de "esclavitud" ante la esperanza de que les hagan un contrato de trabajo que permita regularizar su situación. Pero cuando esa situación no se produce, deriva en una cronificación de la pobreza y exclusión administrativa.
Esta falta de respaldo legal causa ansiedad y depresión. Además, las malas condiciones en las que deben trabajar provocan una mayor prevalencia de accidentes de trabajo.