Según datos del Instituto Nacional de Estadística, las ejecuciones iniciadas de embargo sobre viviendas habituales han caído en España un 17,5% en el segundo trimestre del año, con lo que ya encadenamos nueve a la baja. En Aragón – que se sitúa en la parte media de la tabla – las inscripciones de certificaciones por ejecución hipotecaria han sido 106, 57 de ellas, de viviendas de personas físicas.
La portavoz de Stop Desahucios en Zaragoza, Concha Cano, atribuye el descenso a que “desde 2010 a 2014 fue desahuciada mucha gente, la mayoría” y también a las moratorias y endurecimiento de criterios de los bancos a la hora de facilitar el crédito. “Ya no se dan hipotecas a todo el mundo a porcentajes altísimos como antes, ahora se mira más la solvencia”. Por eso, incide en que muchas de las inejecuciones corresponden todavía a hipotecas del periodo 2004-2008.
Ahora preocupan los casos de desahucio por impago del alquiler, que siguen aumentando. Aunque en Aragón los precios no han subido tanto como en otros territorios, muchas personas acuden a la entidad ante el riesgo de quedar en la calle porque no pueden asumir el pago de la renta. Atienden a personas que han sido doblemente desahuciadas, primero por impago de la hipoteca y después de alquiler también.
La disponibilidad se ve afectada también por el auge de pisos turísticos, posibilidad hacia la que se decantan cada vez más propietarios.
“El problema sigue siendo que hay poquísima vivienda para alquiler social”, ha explicado. “En Países Bajos - que es el que más tiene - el 30% de la vivienda es de alquiler social y en Francia, un 10%. En España apenas superamos el 1%. La demanda hace que suban los precios”. Por eso, reivindica aumentar el parque público.
En ese sentido, respecto a los planes autonómicos y municipales, Cano lamenta que “se anuncia mucho, pero… no. Siempre hay algo escondido detrás. Y precisamente el Gobierno de Aragón tiene un problema bastante grande. Tiene muy poca vivienda, pero poquísima, creo que no llega a 500 viviendas y tiene una lista de espera de 13.000 familias”.