Los promotores de parques eólicos y solares en Aragón están preocupados por la posibilidad de que el Gobierno autonómico no consiga tramitar a tiempo las autorizaciones de construcción. El plazo marcado por el decreto de 2020 del Ministerio de Transición Ecológica les obliga a superar ese hito antes del 25 de julio, si quieren mantener los derechos de acceso a la red, pero los funcionarios están sobrepasados con los expedientes.
Por eso, desde el Clúster de la Energía de Aragónreclaman una moratoria en esos plazos. Su presidente, Pedro Machín, propone incluso que se flexibilice o se derogue el decreto. Advierte de que las empresas que se queden fuera de plazo harán reclamaciones patrimoniales a la Administración, y aquellas a las que sí se autorice a tiempo, tendrán solo dos años, según el decreto, para construir los parques. Eso avivaría el conflicto con el territorio, al acelerar un mercado ya saturado.
El vicepresidente del Gobierno aragonés en funciones, Arturo Aliaga, reconoce que hay un exceso en la carga de trabajo de esos funcionarios y por eso mantienen conversaciones con el Ministerio de Teresa Ribera, al que han propuesto que flexibilice los plazos. Si no se aceptara esa moratoria, harán lo posible con el tiempo del que disponen, "siempre manteniendo la pulcritud administrativa y la información pública".