El Gobierno aragonés presentará en los próximos meses un Plan de Vivienda para el periodo 2024-2030, del que hoy ha avanzado algunas líneas el consejero responsable, Octavio López. Los tres objetivos esenciales serán vertebrar el territorio, reducir las tensiones de mercado en zonas turísticas y apoyar a los jóvenes para que puedan emanciparse.
López asegura que han acelerado la ejecución de los programas heredados del anterior Ejecutivo y eso les permitirá recibir hasta 18 millones de euros de los planes estatales de vivienda y 12,5 millones de fondos europeos. El consejero tiene previsto llevar a las Cortes en diciembre la Ley integral de vivienda, que complementará con una serie de programas para incrementar la vivienda pública junto a los ayuntamientos. Ayer presentó al Ejecutivo la directriz que permitirá derivar suelos públicos a ese fin.
Las trabas burocráticas en visados o la inflación lastran al sector de la construcción, que pide impulsar la vivienda y también corregir el problema del acceso a los concursos.
Según las empresas constructoras, el 21% de las obras públicas quedan desiertas o las adjudicatarias terminan renunciando porque no resultan rentables. Se debe a que las administraciones no adaptan los precios al aumento de los costes laborales o de las materias primas. Desde el sector piden corregirlo mediante la modificación de las leyes de Desindexación y Contratación Pública.
El presidente de la confederación de empresarios de Aragón, Juan Carlos Bandrés, insiste en que constructoras pequeñas o medianas no pueden asumir determinadas obras públicas porque los márgenes comerciales son muy reducidos.
Por eso asegura que “yo recomendaría a la administración que deje que la competencia entre las empresas optimice el resultado, de tal manera que un proyecto pueda salir por cuatro millones por ejemplo para que la competencia deje el precio luego en tres”. “No que salga por 2,5 millones porque luego no se puede hacer”.