Para Microsoft, Aragón se ha posicionado como una de las regiones más importantes de Europa para la implantación de centros de datos, gracias al talento altamente cualificado disponible, el apoyo público a los proyectos de innovación, la existencia de infraestructuras de alta calidad, suelo y su ubicación geográfica.
Aunque la multinacional no ofrece datos concretos, afirma que el proyecto previsto en nuestra Comunidad podría sumar 264 millones de euros al PIB de Aragón y contribuir a la creación de más de 2.100 empleos especializados en tecnología entre 2026 y 2030.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha mostrado su gran satisfacción porque nuestro territorio se consolide como una de las regiones europeas líderes en un sector tecnológico de primer orden y estratégico para el desarrollo de la digitalización y la innovación empresarial.
Azcón ha añadido que este proyecto supone un nuevo impulso a la vocación de Aragón por la atracción de empresas, especialmente de relevancia internacional y carácter innovador. También ha insistido en que su Gobierno va a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para la implantación de este tipo de proyectos en Aragón.
Por su parte, el presidente de Microsoft España, Alberto Granados, ha apuntado que las nuevas inversiones previstas en nuestro país les permitirán ofrecer soluciones y servicios de nube inteligente a empresas y entidades públicas en Europa, fomentando la transformación digital e impulsando la innovación, contribuyendo a la generación de puestos de trabajo en Aragón y en el resto de España.
El compromiso de Microsoft con la energía renovable implica que el 100% del suministro de sus centros será renovable para 2025. Además, los servicios en la nube de Microsoft cumplen más de 100 estándares, incluidas normativas internacionales y estándares específicos de cada país. A ello se añade que la iniciativa EU Data Boundary for the Microsoft Cloud lanzada el pasado 1 de enero amplía aún más los compromisos de residencia de datos para garantizar también que el procesamiento de los datos de los ciudadanos europeos tenga lugar dentro de la Unión Europea.