En 2022, el Justicia de Aragón inició 1.637 expedientes nuevos por quejas presentadas directamente por los ciudadanos. Los aragoneses se han dirigido a la institución para denunciar las demoras para recibir atención médica o para reclamar la devolución de multas por incumplir restricciones de la pandemia - sobre uso de la mascarilla, por ejemplo - que luego fueron declaradas inconstitucionales. La gestión de las ayudas del alquiler, la estabilización de interinos en la administración pública o los cambios tarifarios de la energía son otros temas que han suscitado las quejas de los ciudadanos. En cambio, se redujeron el número de reclamaciones en Plusvalías.
El lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, ha advertido de que un alto número de expedientes se derivan de las dificultades del ciudadano para relacionarse con la administración, por los trámites online y la falta de atención presencial. A veces los trámites son muy farragosos, no solo para los mayores, sino también para personas acostumbradas a los medios digitales.
El Justiciazgo, que acabará el mandato actual a finales de abril, reclama mejorar las relaciones con las Cortes, donde no se han podido presentar algunos informes especiales y anuales, y acortar los tiempos de respuesta de las quejas ciudadanas. Las administraciones tardan de media unos 107 días en responder a sus solicitudes de información. Por ejemplo, el departamento de Sanidad se demora 69 días de media frente a los 37 del Ayuntamiento de Zaragoza.
También reivindican modernizar la Ley del Justicia, que data de 1985.