El magistrado ha detectado irregularidades en la organización del congreso y ha declarado nulo el censo de militantes, la lista definitiva de compromisarios y por tanto el resultado. La sentencia no es firme y se puede recurrir. El magistrado da la razón al sector crítico que denunció que la dirección del PAR dio de alta a 311 afiliados, que pidieron ser incluidos en el censo, pero que no aportaron ni sus datos personales ni su DNI. Además, una sola persona pagó 1.536 euros para cubrir el importe de cuotas de un grupo de militantes. El presidente del PAR, Arturo Aliaga, considera que continúa siendo el responsable de esa formación y que este caso afecta a la reputación del partido y no a su imagen personal. Por eso, señala que se presentará a la primarias para ser candidato al Gobierno aragonés.
La portavoz del sector crítico, Elena Allué, cree que Aliaga debe pedir perdón. Van a estudiar los siguientes pasos que deben dar y no oculta su satisfacción por la sentencia.
Un revés judicial que se produce a tan sólo seis meses de las elecciones municipales y autonómicas. Ya hay reacciones políticas. La portavoz del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, ha señalado que desde el Ejecutivo nunca valoran la vida interna de los partidos políticos. En cualquier caso, asegura que esta sentencia judicial no va a afectar a la estabilidad del cuatripartito.
El presidente del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, señala que es muy grave que una sentencia confirme que hubo irregularidades en la organización del congreso. Además, considera que no sólo es una crisis interna del PAR, ya que también afecta al Ejecutivo autonómico. Por eso, considera que debe dimitir.