Una resolución judicial ha fallado a favor de los sindicatos o colectivos educativos o vecinales que recurrieron las bases de las ayudas municipales lanzadas en 2021 por el Ayuntamiento para ayudar a las familias vulnerables de la escuela concertada a asumir el coste de actividades extraescolares.
En concreto, la jueza del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 ha considerado “absolutamente discriminatoria” y “marginal” esas subvenciones, por dejar fuera a los alumnos de la escuela pública. Se anula así el acuerdo del patronato de Bibliotecas que aprobó la concesión de las ayudas.
La Federación de Barrios, CCOO o Zaragoza en Común, que han convocado rueda de prensa para informar del asunto, han valorado positivamente este primer fallo judicial a favor, aunque recuerdan que también fueron recurridas las ayudas de 2022. La secretaria técnica de FAPAR, Nieves Burón, ha pedido al consistorio que rectifique las bases para que todas las familias puedan acceder a ellas.
En la misma línea, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha abogado por ampliar la línea de ayudas a las actividades extraescolares a todos los centros sostenidos con fondos públicos, sin dejar fuera a las familias de la concertada.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están analizando ahora la situación en que quedan estas ayudas que han estado dotadas de 500.000 euros cada año desde 2021, salvo en 2023, cuando la cuantía aumentó a 800.000. La concejal de Educación, Paloma Espinosa, ha acusado a las entidades que recurrieron a los tribunales, y especialmente al PSOE, de sectarismo y de actuar con motivaciones políticas.