La granja de visones de La Puebla a la espera de ayudas nueve meses después del brote

El propietario de la granja de visones Secapiel de la Puebla de Valverde en la que se detectó un brote de Covid-19 en julio de 2020 denuncia públicamente que aún no ha cobrado la indemnización que le corresponde. “Estamos en una situación desesperada, si no llega la indemnización que nos corresponde no podemos continuar o iniciar una nueva actividad que permita volver a generar riqueza y trabajo en esta zona”, afirma Joaquín Marco.

“A medianos de mayo se detectó un brote entre los trabajadores y todos estuvimos asintomáticos, pero el Gobierno de Aragón el 16 de julio ordenó el sacrificio de los 92.700 visones y tuvimos que aceptarlo; en todo momento colaboramos con la administración, hicimos los trabajos de sacrificio, desinfección… todo lo que nos pidieron y en el menor tiempo posible”, recuerda el propietario de la granja.

La granja demandó una indemnización incluyendo el cálculo de la indemnización por los animales, la limpieza y desinfección de las instalaciones, las materias primas que no pudo utilizar y las indemnizaciones por el despido de los trabajadores.“Todavía no hemos cobrado ni un solo euro y lo que es peor y más desespera, este año 2021 está perdido y en estos momentos con temor a que el próximo año se pierda también, ya que el ciclo del visón es anual. Estamos en una situación de bloqueo, sin poder planificar el futuro”, asegura, “y tampoco es posible iniciar una nueva actividad puesto que el cierre de la explotación nos ha dejado totalmente descapitalizados”.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón asegura que las ayudas están en trámite y que el ganadero cobrará la indemnización en cuanto sea posible.

Otros casos

En Holanda, en verano de 2020 se sacrificaron los visones de 640 granjas y en diciembre ya habían cobrado las indemnizaciones. Y en Dinamarca las 1.600 granjas ya han recibido una cantidad próxima a los 2.500 millones de euros (correspondientes al 50% de la indemnización que les corresponde). El propietario se pregunta “¿por qué aquí en España no se procede de la misma manera? ¿Cómo pretenden los responsables políticos reactivar la economía?”.

“La granja tenía 14 trabajadores y está ubicada en una zona rural despoblada; 14 familias y una zona rural que están sufriendo las consecuencias de este retraso injustificable; si la indemnización no llega pronto, será demasiado tarde y no servirá para nada, se destruirá una pequeña empresa con 30 años de actividad, los puestos de trabajo y todo lo que esto supone en una zona rural de la España vaciada”, concluye Joaquín Marco.