La Fundación Adislaf, que atiende a unas 250 personas con discapacidad intelectual, denuncia que el Gobierno aragonés le adeuda 955.800 euros. Por un lado, el Departamento de Economía no les ha transferido desde febrero las ayudas estatales para sus Centros Especiales de Empleo y, por otro, la Consejería de Derechos Sociales no está pagando los conciertos de su residencia de Las Fuentes, pese a que ya hace tres años que subsanaron el problema que tenían con la licencia y que dejó en suspenso dichos conciertos.
Para reclamar la deuda y el cese de los responsables de estos retrasos, trabajadores y familiares inician este martes un encierro indefinido en sus instalaciones, y preparan concentraciones ante las sedes del Ejecutivo. El presidente de Adislaf, José María López, también va a presentar una querella por prevaricación contra el secretario técnico del Departamento de Ciudadanía, José Antonio Jiménez.
"El responsable de esto se llama José Antonio Jiménez y nos ha causado perjuicios económicos y de imagen tremendos. Creemos que hay intencionalidad, que este señor está en nuestra contra desde el principio. Por eso, les vamos a poner una querella por prevaricación, a él y al arquitecto (que tardó veintiún meses en venir a comprobar que los errores estaban subsanados). Y según como se ponga Broto (la consejera de Derechos Sociales), a ella también. Pero de momento, a estos dos", ha explicado López.