Consideran que la decisión de centralizar los trámites en el edificio de la Plaza del Pilar es una decisión política y no administrativa. "No lo podemos entender de otra manera porque desde hace meses se sabe que este proceso iba a empezar", explica Bertha Sánchez, portavoz de la Plataforma Regularización Ya, que no duda de que hay una intencionalidad política "porque si el Ayuntamiento quisiera ser más eficiente tendría que habilitar todos los servicios disponibles".
"Lo que ha hecho el gobierno de Natalia Chueca es centralizar y generar la imagen del caos para poder acceder a una documentación a la que tiene derecho toda la ciudadanía", subraya la portavoz, quien también pone el acento en las condiciones en las que se producen estas largas esperas. "Lo que estamos viendo es personas durmiendo en la calle para hacer una fila durante horas bajo el sol para poder acceder a la documentación, mientras el hall del Ayuntamiento está vacío como nunca lo habíamos visto".
A esta demanda se suma también el sindicato CGT, cuya portavoz en el Ayuntamiento recalca que la medida anunciada esta mañana por el área de Políticas Sociales, trasladando la gestión de los informes de vulnerabilidad a la Casa de las Culturas, no va a funcionar. "Una ciudad del tamaño de Zaragoza tiene una red de centros de servicios sociales amplia y personal cualificado y dispuesto a hacer los informes de vulnerabilidad, pero no se lo están permitiendo", ha explicado Mari Carmen Calvo, quien también señala que ha surgido un movimiento entre las profesionales de los servicios sociales, que han presentado un escrito registrado "pidiendo que se les permita ejercer su profesión como manda el código deontológico del trabajo social".