Bronca en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza por la amnistía
El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una iniciativa que, entre otros puntos, rechaza los acuerdos del PSOE con los independentistas y la amnistía.
Partido Popular y Vox han votado a favor. Partido Socialista y Zaragoza en Común en contra. Ha sido una sesión tensa y llena de reproches. El público ha increpado a los ediles de la izquierda y la alcaldesa, Natalia Chueca, ha intentado poner orden dentro de la crispación.
La portavoz socialista, Lola Ranera, cree que el Partido Popular se está dejando arrastrar por la radicalidad de Vox e insiste en que Sánchez será investido con los votos de la mayoría del parlamento. Además, lamenta las concentraciones y amenazas que están recibiendo los dirigentes del PSOE.
La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha calificado como fachas a las personas que están participando en las manifestaciones contra la amnistía y recuerda que esta medida de gracia ya se aplicó en la transición. El portavoz de Vox, Julio Calvo, asegura que Sánchez se enfrenta a una legislatura corta, pero repleta de cesiones a los independentistas.
Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, considera que los socialistas están actuando contra la Constitución y cree que los independentistas están humillando a los españoles con el beneplácito del PSOE.
Querella de Vox
El vicepresidente primero del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, respalda la querella que su formación política, Vox, ha presentado contra el presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Junts, Carles Puigdemont. Les acusan de los delitos de cohecho y encubrimiento de delitos por las negociaciones de investidura del candidato del PSOE. Nolasco está convencido de que es una decisión acertada y relama que se paralice la sesión de investidura que arranca este miércoles.
La patronal aragonesa, preocupada
En este sentido, las principales organizaciones empresariales de Aragón CEOE y CEPYME están preocupados ante los acuerdos de investidura porque consideran que afectan a la seguridad jurídica, la equidad entre Comunidades Autónomas y tendrán su impacto en la confianza de los inversores, la actividad empresarial y la estabilidad social, económica y política. El presidente de CEOE Aragón, Manuel Marzo, cree que también se ha roto el diálogo social.