Además de recurrir la ley de amnistía y posibles medidas para favorecer el retorno de las empresas a Cataluña, Azcón también vigilará las bonificaciones al transporte público o las ayudas desiguales a la digitalización de la Justicia. Tampoco está de acuerdo con que se publiquen las balanzas fiscales, porque se pondría en riesgo el principio de solidaridad.
Al Gobierno aragonés también le preocupa que el Estado pueda ceder a Cataluña las competencias en materia de inmigración, y se pregunta si esa comunidad podría dejar de acoger a los migrantes, haciendo que más personas lleguen a Aragón. El vicepresidente, Alejandro Nolasco, califica de temeraria esa cesión.
La portavoz del Partido Socialista, Mayte Pérez, lamenta que una reunión de trabajo para hablar de los objetivos del Gobierno aragonés para 2024 se haya convertido en un acto político y no institucional. Por eso, pide al presidente Azcón que se centre en los problemas de nuestro territorio. De hecho, le anima a abandonar Aragón si está más cómodo en la política nacional.