Lo único que el Ayuntamiento de Zaragoza puede hacer es garantizar el alojamiento provisional a las personas desalojadas que lo necesiten. Más allá de esa solución de carácter social, el futuro del edificio queda en manos de sus propietarios, a los que se ha instado a asegurar la estabilidad del edificio con apeos o apuntalamiento y acometer las obras necesarias para corregir el deterioro estructural que ha originado el problema, de forma que una vez que supere la inspección de los técnicos de Urbanismo, los vecinos puedan ya regresar a sus casas.
A diferencia de precedentes próximos, como el desalojo de dos edificios en la zona de la Magdalena, el Ayuntamiento de Zaragoza no se hace cargo de los trabajos de forma subsidiaria al no tratarse de una situación de ruina inminente, en cuyo caso sí es el consistorio el que actúa de oficio pasando después la factura correspondiente a la propiedad, como ha ocurrido en otras situaciones de fuerza mayor en los últimos años, casi siempre en el Casco Histórico.
Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, su portavoz, Antonio Calvo, ha subrayado que las comunidades de más de 50 años tienen obligación de pasar la Inspección Técnica de Edificio cada 10 años, un período, a su juicio, demasiado largo, ya que en una década pueden aparecer muchos problemas en un edificio antiguo.