En los últimos meses han aumentado los casos de “inqui- okupación”. Se producen cuando personas que tienen intención de okupar una vivienda, en vez de hacerlo por la fuerza, firman un contrato de arrendamiento, y después de uno o dos meses, dejan de pagar. Al existir un contrato jurídico entre las partes, los plazos se dilatan.
Aunque es complicado diferenciar a los “inquio- kupas” de las personas sin intención de “okupar” que por problemas económicos no pueden seguir pagando, hay indicios para detectar esas situaciones. Por ejemplo, si los inquilinos insisten en que los suministros o la Comunidad sigan a nombre del propietario o si aportan documentación incompleta o dudosa sobre sus ingresos.
El coordinador del servicio de “okupación” del Colegio de Abogados de Zaragoza, Juan Salanova, cree que este problema desincentivará la puesta de pisos en el mercado de alquiler. Además, la ley de Vivienda ralentiza la devolución de las viviendas a sus propietarios en caso de impago, lo que genera inseguridad jurídica al propietario.