Consideran que esta subvención carece de justificación, invade competencias autonómicas y vulnera el principio de igualdad. En este sentido, la vicepresidenta, Mar Vaquero, mantiene que la norma discrimina a Aragón, que no ha declarado esas zonas, pero sí impulsa una política de vivienda propia y eficaz.
Vaquero también critica que dos tercios de esas ayudas, que ascienden a 180 millones de euros, vayan destinados a Cataluña. El resto, se reparte entre País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias. La vicepresidenta cree que la concesión debe responder a criterios objetivos y no penalizar a determinados territorios.
La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, recuerda que, según el pacto unánime alcanzado con las comunidades, Aragón recibirá 266 millones del plan de vivienda. Recomienda al ejecutivo que, en lugar de poner recursos a la Ley, la cumpla y aplique zonas tensionadas para topar el precio de los alquileres, como han hecho otros territorios gobernados por el Partido Popular, como Galicia.