Fomento

Aragón reclamará al Ministerio la autovía A-40 de Teruel o el cercanías Huesca-Zaragoza

Miembros del ejecutivo autonómico, del ministerio de Transportes, ADIF o RENFE analizarán el lunes proyectos estratégicos para reforzar la colaboración e impulsar, por ejemplo, las autovías pendientes o el corredor cantábrico-mediterráneo.

Chema Catalán

Zaragoza |

Octavio López en la sala de prensa del Pignatelli | Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transportes estrechan su colaboración para avanzar en materia de carreteras y vías ferroviarias. Este lunes, un equipo del departamento de Fomento se reunirá con representantes del Ministerio, de ADIF y RENFE en Madrid, para tratar la agilización de plazos de los tramos pendientes de las autovías A-22 y A-23, el impulso de la variante de Huesca o la reducción de plazos de la A-68 Zaragoza-Alcañiz-Vinaroz.

En este encuentro, que da continuidad al que ya mantuvieron en octubre en Canfrac el ministro Óscar Puente y el presidente Jorge Azcón, Aragón va a plantear que las reuniones entre ambas administraciones se produzcan con periodicidad semestral para analizar ideas, avances, plazos y ejecución de proyectos que atañen a ambas administraciones y de importancia para nuestro territorio. En ese foro, el equipo encabezado por el consejero de Fomento, Octavio López, también defenderá la autovía A-40 de Teruel a Cuenca, descartando la adición de un carril a la carretera.

Por otro lado, se analizará las obras pendientes del corredor cantábrico-mediterráneo en Teruel, que deben estar a la altura de una línea de altas prestaciones. En el ámbito ferroviario, también se trabajará para la recuperación de las frecuencias del AVE Madrid-Huesca, reducidas a raíz de la pandemia; en el impulso de las cercanías entre la capital oscense y Zaragoza, o para que la línea Zaragoza-Monzón-Binéfar vuelva a llegar hasta Lleida. Para este último objetivo, se intentará que esa prolongación sea considerada de obligado servicio público para que sea el Ministerio quien asuma el coste. El plan B sería hacerla posible mediante un convenio a tres entre el Estado, Aragón y Cataluña.