El Gobierno aragonés tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Gobierno un decreto- ley para cubrir las necesidades económicas de las contratistas que ejecutan obras públicas. El objetivo es evitar que tengan que paralizar los trabajos debido al aumento de gastos respecto a los previstos en los precios de licitación.
A la espera de conocer los detalles y la letra pequeña, el presidente de la Asociación de Constructores Contratistas de Obras Públicas de Zaragoza, Juan Carlos Bandrés, cree que ese anuncio busca tranquilizar al sector, y cree que se compensarán “algunos conceptos”. Eso no soluciona el problema de fondo del aumento de precios, que requiere de soluciones de mayor calado en otros ámbitos.
Bandrés ha explicado que el sector se encuentra en una situación de mucha incertidumbre y las empresas constructoras deben asumir riesgos muy importantes al aceptar cualquier tipo de obra, no solo pública. Por ejemplo, en solo una semana el precio del acero necesario para las estructuras se ha disparado un 45%.