El problema de la vivienda ha vuelto a centrar el debate en las Cortes de Aragón. En concreto la decisión del Gobierno aragonés de no aplicar la figura de las zonas tensionadas como contempla la Ley Estatal. El portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, señala que esta decisión ha provocado un grave perjuicio para los municipios que lo solicitaron Aínsa, Biescas y Alpartir y la pérdida de ayudas económicas del Ministerio.
Pueyo critica que Aragón se haya negado cuando otras comunidades del Partido Popular como Galicia sí lo han hecho. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha defendido la negativa a aplicar esas zonas tensionadas, ya que considera que agrava el problema actual retirando inmuebles del mercado.
La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha puesto el acento en la exclusión de las ayudas de 180 millones de euros que el ministerio asignará a las Comunidades Autónomas que sí han aplicado la figura de zonas tensionadas. Asegura que el único motivo para oponerse es la confrontación con el Gobierno de España. Por su parte, Azcón mantiene que ese reparto es injusto y asegura que lo recurrirán. Defiende que la política correcta es la que impulsan PP y VOX.
En el pleno de las Cortes también ha comparecido la consejera de Economía, Eva Valle, para hablar sobre el decreto del Gobierno de España que regula la instalación de centros de datos, una norma que califica como irresponsable. Valle asegura que los criterios que quiere aplicar el ministerio son los más exigentes del mundo y ponen riego las inversiones millonarias previstas en nuestro territorio. En cambio, los grupos de la oposición defienden que se regule esa actividad.