En el escrito de acusación de la Fiscalía se detalla que a primera hora del 4 de agosto de 2017, el acusado, de 33 años de edad e identificado como Alejandro J.R., "tuvo un altercado con dos jóvenes" en las inmediaciones de la calle Palmar de La Puebla del Río, interviniendo la Policía Local.
Los agentes, según la Fiscalía, conminaron a Alejandro J.R. a identificarse, ante lo cual el aludido "condujo" a los policías a su domicilio para recoger allí su documentación y, al llegar a la vivienda, "autorizó" a los efectivos a entrar en la misma.
Una vez dentro de la vivienda, según narra el Ministerio Público, los agentes se percataron de que Alejandro J.R. tenía allí "numerosas dosis de sustancias estupefacientes preparadas para la venta a terceros", ante lo cual arrestaron al acusado y dieron cuenta de lo sucedido al juzgado de guardia.
El registro de la vivienda, acometido ese mismo día, deparó el hallazgo de 441 gramos de resina de cannabis divididos en tabletas, 85 gramos de cannabis, aproximadamente 133 gramos de cocaína divididos en diversos envoltorios, unos 4,5 gramos de heroína e instrumentos relacionados con la preparación de las dosis de estupefacientes de cara a su venta, como dos balanzas de precisión u hojas metálicas de corte.
En total, las sustancias estupefacientes intervenidas en la vivienda habrían alcanzado un valor calculado de 21.590 euros en el mercado ilícito. Pero eso no es todo, porque los agentes descubrieron que "en lo alto del salón" de la vivienda había "oculto" un fusil de asalto modelo Cetme, un "arma de guerra prohibida" a la ciudadanía incorporada a mediados de los años 50 del siglo XX al Ejército Español hasta constituir el fusil estándar entre sus tropas.
El ejemplar localizado en la vivienda, según la Fiscalía, estaba "en correcto estado de funcionamiento", contando con su correspondiente cargador metálico y 316 cartuchos, "todos ellos en buen estado de conservación y funcionamiento".
Dado el caso, la Fiscalía detecta un presunto delito de tráfico de drogas por el que reclama para el acusado seis años de cárcel y una multa de 64.770 euros, con la agravante de reincidencia al haber sido ya condenado en enero de 2017 por ese mismo delito, así como un supuesto delito de depósito de armas de guerra por el que pide para él otros seis años más de cárcel.