Así lo ha manifestado la plataforma en un comunicado tras conocerse este martes el resultado de la auditoría externa encargada por el Gobierno andaluz, cuya conclusión final se basó en que "los enganches ilegales estarían detrás de esos apagones". Asimismo, Barrios Hartos ha señalado que este asunto "no se resuelve con un informe", y añaden que el mismo coincide "milimétricamente con lo que se decía desde el inicio, sin necesidad de auditoría alguna".
A este respecto, han reconocido que "el problema existe", no obstante, han defendido que la "aplastante mayoría de los habitantes no tiene relación con las actividades delictivas atribuidas a los barrios afectados".
"No queremos pensar que el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, reafirme lo contrario, como ha hecho en otras ocasiones. Un responsable político no puede eludir su obligación de garantizar condiciones mínimas para una existencia social, familiar e individual viable", han apostillado.
Es por ello, que Barrios Hartos ha urgido a poner en marcha medidas de inversiones extraordinarias para evitar esta situación "año tras año". En este sentido, ha asegurado que "tanto los enganches sin contratos que puedan existir como la proliferación de actividades ilícitas son problemáticas sociales derivadas de políticas que buscan el máximo lucro para las empresas".
Al hilo de ello, ha espetado que "en ningún caso la solución puede ser condenar zonas enteras a una situación inhóspita, como está ocurriendo tanto en la capital como en la provincia y otras ciudades", y pregunta a la Junta: "¿qué deben hacer las familias obreras de los barrios afectados?", ya que "hablamos de una población compuesta mayoritariamente por trabajadores en activo, desempleados, estudiantes y jubilados", ha matizado, para continuar afirmando que "la respuesta nunca puede ser un informe cuya única finalidad es reafirmar las tesis iniciales de quien lo encargó, retrasando y anulando cualquier vía de solución".
Por otro lado, la plataforma ha recordado que a finales de enero, el magistrado Miguel Pasquauen, en una sentencia del TSJA (3/2024), señaló que "las causas del incumplimiento y la adopción de las medidas reparadoras de la deficiencia del servicio están más en la esfera de control de la empresa suministradora que del consumidor suministrado", ante lo cual señala al consejero "si está de parte de los postulados de la Justicia o en defensa de los intereses privados de Endesa".
En definitiva, señalan que otra política basada en el respeto a la vida social y laboral en los barrios, "eliminaría el terreno fértil para estos escenarios de deterioro social". Sin embargo, "esas políticas chocan con los principios de estos dirigentes en altos cargos institucionales, con Juan Manuel Moreno Bonilla como máximo representante", ha puntualizado.
"Barrios Hartos insiste en que sólo revirtiendo la privatización de los últimos años del PSOE y de todo el periodo del PP, este asunto tendrá una solución definitiva. Los barrios se siguen organizando y movilizando para presionar en este sentido y no dejaremos de luchar hasta conseguirlo porque la razón nos asiste", han zanjado.
Asimismo, la plataforma ha informado que este jueves 20 de junio se concentra a las 10,30 horas a las puertas del Ayuntamiento en protesta por los "apagones de Endesa por tercer año consecutivo".
Por su parte, la plataforma vecinal Nosotros también somos Sevilla ha informado a este medio que próximamente se reunirán tanto con la Junta de Andalucía como con el Ayuntamiento hispalense, tras lo cual harán una valoración "más profunda". No obstante, han destacado que las conclusiones de las que ha informado la Junta después de concluir la auditoría, "son las mismas excusas de siempre", y agregan que, "en caso de ser ese el motivo, se apliquen las medidas oportunas para poner fin al problema", puesto que "el resto de vecinos no tenemos la culpa".