NARCOTRÁFICO

El Parlamento reclama que el Gobierno central declare profesión de riesgo Policía Nacional y Guardia Civil

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A en la que se reclama que el Gobierno central declare cuanto antes como profesión de riesgo el trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Redacción

Sevilla |

Una narcolancha embiste a una patrullera de Guardia Civil en una persecución cerca de Estepona | Jucil

El PSOE-A se ha abstenido en todos los puntos de la iniciativa, mientras que Vox y Por Andalucía han apoyado algunos y en otros se han abstenido, y Adelante Andalucía ha sido el único grupo en rechazar algún punto.

En virtud de la iniciativa, la Cámara ha pedido además la equiparación salarial de ambos cuerpos con otras fuerzas de seguridad autonómicas, para lo cual se exige "la puesta en marcha de una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de policías del territorio español".

Se ha pedido la declaración como profesión de riesgo del trabajo de ambos cuerpos de seguridad, así como la necesidad de que se acometan las modificaciones legales oportunas para que los agentes puedan solicitar la jubilación anticipada.

Asimismo, el Parlamento ha pedido que Ejecutivo de Pedro Sánchez elabore un informe sobre las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas, así como a la elaboración de una ley de retribuciones que impida "en el futuro nuevos agravios salariales".

De la misma manera, se ha reclamado que el Gobierno central que cumpla el mandato del Congreso de los Diputados para la asignación urgente de efectivos policiales a las Unidades Adscritas de la Policía Nacional en Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón a fin de cubrir el cien por cien del Catálogo de Puestos de Trabajo que tienen asignadas estas unidades.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A José Ricardo García ha señalado que es una "obligación como servidores públicos cuidar a quienes nos cuidan y seguir reclamando y demandando mejoras en las condiciones laborales y salariales de la Policía y la Guardia Civil y, sobre todo, el reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo".

García ha reivindicado que esta defensa de la actuación de los cuerpos de seguridad contrasta con "el desprecio absoluto que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha demostrado hacia las fuerzas del orden al dar de lado sus reclamaciones de más medios y mejores condiciones laborales para desarrollar su labor". Ha lamentado que esta situación de "precariedad se agrava en Andalucía, donde el enfrentamiento en desigualdad de condiciones con las bandas de narcotraficantes provoca la impunidad de éstas, como se ha visto en las últimas semanas".

Por su parte, el parlamentario del PSOE Jose Aurelio Aguilar ha manifestado que las reivindicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado con "justas" y ha lamentado que no "encuentren un apoyo unánime y centrado" por parte de los partidos. Ha denunciado que cuando el PP gobernó en España no impulso "ni una iniciativa" sobre las reclamaciones de Policía Nacional y Guardia Civil.

Ha calificado de "oportunista" la iniciativa del PP-A, que sólo busca "confrontar" con el Gobierno central, que es el que tiene las competencias para atender lo que se plantea en la misma.

El diputado de Vox Benito Morillo ha recordado a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que han sido asesinados por ETA, una organización terrorista que estaba "acabada" por la acción de los agentes y, sin embargo, ahora está en "las instituciones e incluso decide las cuestions de nuestro país" por el pacto de PSOE con Bildu.

El diputado de Por Andalucía José Antonio Delgado ha considerado que esta iniciativa obedece a un "intento más" del PP de "apropiarse" y de "utilización" de los cuerpos de Policía y Guardia Civil, al tiempo que lo se plantea en ella es competencia del Gobierno central y el Congreso de los Diputados.