Dichas ayudas vendrían a beneficiar a empresas dedicadas a diferentes proyectos de I+D -Investigación más Desarrollo-, pudiendo alcanzar la cuantía del fraude detectado a 1.200.000 euros.
El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial -C.D.T.I.- detectó un posible fraude, entorno a la facturación y documentación aportada por varias empresas a fin de justificar los fondos obtenidos desde la Unión Europea para la realización de proyectos tecnológicos. Una vez puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Málaga, la autoridad insta a la U.D.E.F. –Unidad de Delitos Económicos y Fiscales- de la Comisaría Provincial de Málaga para que inicie una investigación sobre el posible ilícito.
Los agentes, especialistas del grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, tras las averiguaciones practicadas, consiguieron acreditar la existencia de una estructura empresarial, formada por cinco sociedades. Cuatro de las mercantiles, se harían cargo de suministrar a la principal empresa –titular y beneficiaria de las subvenciones investigadas- el material que supuestamente utilizarían para la realización del proyecto. La facturación de dicho material se realizaría de manera ficticia –en muchos casos incrementando el valor de los materiales hasta un 700 por ciento- para justificar los fondos obtenidos ante el C.D.T.I.
Otra de las actuaciones realizadas por los agentes determinó que la empresa beneficiaria de las ayudas europeas, estaba participada en más de un 90 por ciento por las mercantiles suministradoras. Con ello, los beneficios obtenidos de las citadas ayudas se reportaban desde la beneficiaria al resto del entramado mercantil. Al efectuar un análisis exhaustivo de las cuentas bancarias se exhibe un significativo flujo económico, cuyo origen partiría de la empresa beneficiaria de los fondos FEDER y cuyos principales destinatarios serían, el resto de empresas del entramado. Estas transferencias, en última instancia serían revertidas a la cuenta de origen -principal mercantil investigada-.
Por tales hechos se han practicado cuatro detenciones –titulares y administradores de las mercantiles-, a los que les han sido imputados delitos de estafa, falsificación de documento mercantil y organización criminal. De igual manera, se han llevado a cabo cuatro registros en domicilios particulares en la provincia de Málaga y un registro del domicilio social de la empresa principal situado en el Parque Tecnológico de Málaga.