La dirección nacional de Cs ha comunicado a los ediles en el Ayuntamiento de Granada Luis Salvador y José Antonio Huertas su expulsión del partido después de que hace tres semanas apoyaran la investidura del socialista Francisco Cuenca como alcalde de la ciudad, un escenario en el que el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) - en Andalucía, Juan Marín, ha reclamado este viernes al PSOE que "cumpla el pacto antitransfuguismo".
A preguntas de los periodistas durante una visita a Granada, Marín ha informado de que el expediente de expulsión abierto a los dos ediles se resolvió este pasado puedes y esa misma tarde se le notificó a ambos que están fuera del partido, incidiendo en que son concejales que se presentaron a las elecciones municipales por una formación política a la que ya no representan y ahora "estarían obligados a devolver el acta" para que la formación pueda nombrar a sus sucesores.
"Si no lo hacen estarían incumpliendo el pacto antitransfuguismo que se ha firmado a nivel nacional y en el Parlamento de Andalucía", ha advertido Marín, quien ha confiado en que el PSOE "ponga en práctica lo que ha firmado, cumplir el pacto antitransfuguismo". Actualmente, José Antonio Huertas es tercer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Deportes y Transformación Digital en el Ayuntamiento de Granada y Luis Salvador, concejal delegado con las competencias de Estrategia 2031, anillo verde, internacionalización de la marca Granada y GRX cardiosaludable.
Marín ha precisado que Huertas ha presentado alegaciones a su expulsión en el periodo abierto al efecto y Salvador en principio no lo había hecho hasta la mañana de este viernes. Este último deja también de ser coordinador provincial de Cs en Granada y su sucesor será nombrado previsiblemente este próximo lunes, según ha avanzado el coordinador autonómico de Cs.
Interrogado sobre si la formación tomará medidas contra otras personas que en el seno del partido en la provincia avalaron la decisión de Salvador, Marín ha matizado que Salvador, entonces coordinador provincial, convocó esa reunión "sin ningún tipo de autorización ni de validez" y quienes firmaron el supuesto documento de respaldo fueron "engañados" porque no sabían "quién le pedía que lo hicieran" ni lo que firmaban.