A juicio un guardia civil acusado de encargar el robo y secuestro de una anciana para hacerse con 50.000 euros en Granada
La Fiscalía solicita para el agente y los autores materiales una pena de 15 años de prisión.
La Audiencia de Granada celebra este lunes el juicio contra un guardia civil acusado de ser el presunto inductor del robo, secuestro y agresión a una anciana de 73 años en la localidad granadina de La Zubia. Junto a él comparecen otros siete acusados, seis de ellos señalados como autores materiales del asalto y una octava persona como presunta cómplice de los hechos.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el agente habría aprovechado la información que conocía sobre la situación económica de la víctima para organizar el asalto a su vivienda y hacerse con los 50.000 euros que la mujer guardaba en una caja fuerte.
La investigación sitúa el origen de los hechos tras el fallecimiento del hermano del guardia civil, quien se dedicaba a gestionar inversiones. El acusado pasó entonces a encargarse de devolver a los clientes las cantidades correspondientes a sus beneficios, entre ellos a la víctima.
La mujer, jubilada, soltera y sin hijos, vivía sola en La Zubia y apenas salía de casa debido al temor al contagio durante la pandemia de Covid-19. Entre las cantidades que debía recibir figuraban varios sobres con un total de 50.000 euros.
Sin embargo, al comprobar que faltaban 10.000 euros, la anciana recriminó esta circunstancia al agente mediante mensajes de WhatsApp. Según recoge la Fiscalía, este respondió asegurando que percibía un "tono amenazante" por parte de la mujer.
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado atravesaba dificultades económicas y sabía que la víctima conservaba el dinero de las inversiones en su domicilio. Por ello, presuntamente contactó con delincuentes habituales para encargarles que accedieran a la vivienda, sustrajeran el dinero y se llevaran también los teléfonos móviles que encontraran.
Antes del asalto, el agente habría mantenido una reunión con los presuntos autores en un establecimiento del Polígono Juncaril, donde les facilitó las instrucciones necesarias para ejecutar el plan.
El asalto a la vivienda de la anciana
Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando los acusados supuestamente saltaron la tapia de la vivienda y accedieron al interior.
Al escuchar ruidos, la propietaria salió de su habitación y, según la acusación, fue reducida de forma violenta. Los asaltantes la inmovilizaron atándola con ropa y cinturones encontrados en la casa, además de taparle la boca para impedir que pidiera ayuda.
Durante aproximadamente seis horas, entre la una y las siete de la madrugada, la mujer permaneció retenida mientras era golpeada y obligada a revelar el lugar donde guardaba el dinero.
Finalmente, los acusados localizaron una caja fuerte empotrada que arrancaron de la pared utilizando un hacha que uno de ellos tuvo que traer desde Málaga al no encontrar herramientas adecuadas en la vivienda. De su interior se llevaron presuntamente los 50.000 euros, además de varios teléfonos móviles.
La acusación también incluye un delito de revelación de secretos
La Fiscalía sostiene además que, una vez iniciada la investigación policial, el guardia civil utilizó presuntamente su condición de agente para acceder de forma irregular a información reservada.
Según la acusación, aprovechó que otro compañero había dejado abierta su sesión en el sistema informático para consultar datos de la investigación y compartir capturas de pantalla con el resto de implicados. Entre la información transmitida figuraban detalles sobre seguimientos policiales, intervenciones telefónicas y el avance de las pesquisas, mostrando además su preocupación por que alguno de los investigados colaborara con las autoridades.
El Ministerio Fiscal considera al guardia civil inductor de los delitos de robo con violencia en casa habitada, detención ilegal y lesiones, además de autor de un delito de revelación de secretos.
Por estos hechos solicita para él una pena de 15 años de prisión, así como la inhabilitación para el ejercicio de su profesión.
La misma pena de 15 años reclama para los seis acusados señalados como autores materiales del asalto. Para la octava acusada, considerada cómplice, solicita una condena superior a cuatro años de cárcel.
Asimismo, la Fiscalía reclama que todos los procesados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 96.707 euros por las lesiones sufridas, los daños ocasionados y los bienes sustraídos.