La cárcel de Albolote, al límite: 350 presos por encima de su capacidad y una plantilla que reclama más seguridad

El Día de la Virgen de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias, llega este año a Albolote marcado por las reivindicaciones de los trabajadores. El centro penitenciario granadino cuenta actualmente con alrededor de 1.350 internos, 350 por encima de su capacidad, según los datos trasladados por los representantes sindicales.

Los sindicatos consideran que esta situación, unida a una plantilla insuficiente y al envejecimiento de parte de los trabajadores, dificulta la prevención y respuesta ante los incidentes que se producen en los módulos.

A la elevada ocupación se suma una circunstancia que, según los funcionarios, incrementa la complejidad de la gestión diaria: Albolote también funciona como centro penitenciario de tránsito. Esto significa que recibe internos que permanecen temporalmente en sus instalaciones antes de continuar hacia otros centros.

La agresión que puso el foco en los internos de tránsito en Albolote

Uno de los episodios más graves en el centro penitenciario de Albolote se produjo el pasado 2 de diciembre de 2025, cuando un interno que tenía previsto permanecer únicamente una noche en Albolote protagonizó una agresión contra tres funcionarios.

Entre los trabajadores atacados se encontraba el jefe de servicios, que recibió una patada y cayó por unas escaleras, sufriendo una brecha en la cabeza.

Cecilia Vargas, delegada de CCOO en el centro penitenciario de Albolote, recordó aquel episodio y defendió que la prisión deje de recibir internos en tránsito mientras no se refuerce la plantilla.

La petición de los sindicatos parte de una preocupación concreta: que la llegada de internos que permanecen temporalmente en el centro supone una carga adicional para unos servicios que, según denuncian, ya funcionan con recursos limitados.

529 agresiones a funcionarios en 2025

La inseguridad denunciada por los trabajadores no se limita a los incidentes registrados en Albolote. Según los datos aportados en el marco de esta denuncia, en 2025 se han contabilizado 529 agresiones a personal funcionario, el año donde se registró el mayor número de agresiones a funcionarios de prisiones. Se trata de un aumento del 4,33% más con respecto a 2024, lo que supone aproximadamente una cada 17 horas y 24 minutos.

Pero detrás de esta cifra existe una clasificación que conviene explicar. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias divide las agresiones en cinco categorías: leves, moderadas, graves, muy graves y agresiones sin lesiones. La consideración de cada caso depende, entre otros elementos, del criterio médico utilizado para valorar los daños sufridos por el funcionario.

Esto significa que la estadística no equivale exclusivamente a ataques físicos que provoquen lesiones. Dentro de las denominadas agresiones sin lesiones pueden entrar, por ejemplo, determinados lanzamientos de objetos o líquidos que no llegan a alcanzar al funcionario, así como amenazas. Instituciones Penitenciarias comenzó además a registrar desde 2022 más supuestos dentro de esta categoría, como empujones, manotazos, agarrones, lanzamiento de líquidos u objetos y escupitajos.

En el extremo contrario se encuentran las agresiones con lesiones de mayor gravedad. Una fractura sufrida durante la reducción de un interno puede ser clasificada como grave, mientras que un episodio como un intento de estrangulamiento puede llegar a considerarse muy grave, siempre en función de la valoración médica correspondiente.

La propia Administración explicó en el Senado que el criterio médico resulta determinante para establecer la consideración de las agresiones y que el cambio metodológico aplicado desde 2022 buscaba recoger con mayor amplitud los enfrentamientos con los trabajadores.

Puñetazos, patadas y mordiscos: las agresiones también afectan a las funcionarias

Los funcionarios tienen que intervenir diariamente en situaciones de tensión, cacheos, traslados, conflictos entre internos y episodios de violencia.

En junio de 2024, dos funcionarias fueron agredidas por una interna en el módulo de aislamiento. Según los representantes de los trabajadores, ambas recibieron puñetazos y patadas, mientras que la interna también intentó morder y escupir a otros empleados que acudieron para ayudar a sus compañeras.

Jorge Lozano, delegado de CSIF en la prisión de Albolote, apunta además a un aumento de los episodios de violencia sexual hacia las funcionarias.

Los sindicatos consideran que estos episodios evidencian las dificultades a las que se enfrenta el personal penitenciario cuando tiene que intervenir ante situaciones violentas con una plantilla y unos medios que consideran insuficientes. Para los representantes sindicales, estos incidentes evidencian las dificultades a las que se enfrenta el personal penitenciario cuando debe intervenir en situaciones violentas con una plantilla y unos medios que consideran insuficientes.

«Solo utilizamos sujeción mecánica»: los funcionarios reclaman más medios

La falta de herramientas y medios de seguridad constituye otra de las reivindicaciones de los trabajadores.

Lozano señala que los funcionarios disponen fundamentalmente de sujeción mecánica mediante esposas, previa autorización del jefe de servicio, para determinadas situaciones. Los representantes sindicales consideran que las limitaciones existentes condicionan la capacidad de respuesta ante algunos episodios violentos.

Tras las últimas agresiones, reclamaron más plantilla, mejores protocolos de prevención, reducción de la población reclusa y mayores medios de seguridad.

La preocupación se extiende a otros centros penitenciarios. CSIF sostiene que en España se han incorporado 6.200 nuevos internos desde 2024 y que se producen más de 500 agresiones anuales a trabajadores penitenciarios, según sus propios datos.

La reivindicación histórica de los funcionarios de prisiones: reconocidos como agentes de la autoridad

Las reclamaciones de los trabajadores de Albolote se producen mientras avanza en las Cortes una de sus reivindicaciones históricas: el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad.

La iniciativa fue presentada por el Grupo Socialista y comenzó su tramitación en el Congreso en 2024. El Pleno tomó en consideración la proposición de ley orgánica en junio de ese año por una amplia mayoría.

Tras permanecer durante meses pendiente de tramitación, la propuesta avanzó durante 2026. El Congreso aprobó finalmente el 11 de junio la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y remitió el texto al Senado. La votación salió adelante con 323 votos a favor, 21 en contra y dos abstenciones.

El texto plantea reconocer legalmente a los funcionarios de la Administración Penitenciaria la condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo declarado de reforzar su seguridad jurídica y evitar interpretaciones judiciales diferentes sobre esta condición.

La iniciativa se encuentra ahora en el Senado. CSIF sostiene que está previsto que la Cámara Alta vote definitivamente la reforma el próximo 30 de septiembre. A fecha de hoy, la norma todavía no ha sido aprobada definitivamente, por lo que ese paso está pendiente de la votación del Senado.

Según CSIF, el reconocimiento como agentes de la autoridad supondría, entre otras medidas, una mayor protección jurídica frente a las agresiones y podría implicar que determinados ataques a funcionarios quedasen encuadrados en el artículo 550 del Código Penal, con penas adicionales de hasta cuatro años en los supuestos contemplados por ese precepto. El sindicato también destaca medidas relacionadas con indemnizaciones, formación específica y seguridad jurídica.

Para los representantes sindicales, esta reforma constituye una de las principales respuestas pendientes ante la situación de inseguridad que denuncian en las prisiones españolas.

CSIF no acude a los actos de la Merced en Granada en protesta por la situación de los funcionarios

El conflicto también se ha trasladado a los actos institucionales de la festividad de la Merced. CSIF anunció que no acudiría a los actos organizados por Instituciones Penitenciarias con motivo de la festividad de la patrona como protesta por lo que el sindicato define como una situación de «olvido e indefensión» de los trabajadores.

La organización sindical justifica su decisión por el aumento de las agresiones, la falta de personal y formación y diversos incumplimientos relacionados con horarios y conciliación. También reclama una respuesta institucional ante los insultos, calumnias y vejaciones que, según denuncia, sufren los trabajadores penitenciarios.

CSIF reprocha asimismo la ausencia de una defensa que considera suficiente ante los medios de comunicación y reclama mayor respaldo en los tribunales para proteger la honorabilidad y profesionalidad de los empleados públicos penitenciarios. El sindicato vincula estas reivindicaciones con el incremento de la población penitenciaria y con las agresiones registradas en los centros.