Los hechos fueron denunciados en 2022, cuando una mujer sin recursos habría sido traída a España con engaños por una pareja de la provincia para ser vientre de alquiler a cambio de 20.000euros. Una vez aquí, según la denuncia, para evitar la inseminación artificial para la gestación subrogada la pareja la obligó a mantener relaciones sexuales con el varón, con la intención de que una vez que quedara embarazada, permaneciera en España hasta la entrega del bebé, motivos por los que también los hechos pueden constituir sendos delitos de agresión sexual y retención ilegal.
Este es uno de los asuntos que se incluyen en la Memoria 2022 que la Fiscalía de Córdoba ha presentado hoy.
La problemática de este caso que se encuentra en fase de instrucción es que no puede ser calificado por el delito de trata ya que la finalidad no ha sido la de explotación sexual sino la gestación subrogada por lo que se estudia por la Fiscalía del Estado y podría dar lugar a una reforma de ley.
La Memoria provincial de la Fiscalía apunta a un aumento de victimas explotadas en pisos prostíbulos, aumentan también los delitos de explotación laboral en el campo y la hostelería, y aumentan los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros a los que se exige un pago a cambio de su traslado y regularización en el país.