La crisis del alquiler lleva a Más de Uno Bahía de Cádiz hasta la acampada del Palillero
El Sindicato de Inquilinas reclama medidas urgentes en vivienda y advierte de que el caso de Mari Carmen es solo “la punta del iceberg” de una crisis que afecta a miles de familias
Más de Uno Bahía de Cádiz ha abierto este lunes su tiempo de radio desde la acampada instalada en la plaza del Palillero, donde el Sindicato de Inquilinas mantiene una asamblea para denunciar la dificultad creciente de acceder a un alquiler asequible en la ciudad. La protesta sitúa de nuevo la crisis de la vivienda en el centro del debate público gaditano y reclama medidas urgentes a las administraciones.
María, portavoz del Sindicato de Inquilinas en la capital gaditana, ha explicado en Onda Cero que el caso de Mari Carmen ha actuado como detonante emocional de una situación que, a su juicio, viene de lejos. “Lo de Mari Carmen es solo la punta del iceberg”, ha señalado, al considerar que el problema de la vivienda afecta cada vez a más personas y está “asfixiando” a la población trabajadora.
La protesta de Cádiz se suma a movilizaciones similares en otras ciudades como Sevilla, Málaga, Madrid o Barcelona, donde los colectivos de inquilinas denuncian que encontrar un alquiler con un sueldo medio se ha convertido en una tarea casi imposible. En el caso gaditano, el sindicato sostiene que la oferta de vivienda en alquiler de larga duración por debajo de los 1.000 euros es mínima y que la situación se agrava por el peso de los alquileres turísticos, de temporada y por habitaciones.
Desde la acampada, el colectivo responsabiliza a todas las administraciones con competencias en vivienda. María ha señalado al Gobierno central, a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cádiz, al entender que cada uno tiene capacidad de actuación desde su ámbito. En su intervención, ha reclamado medidas como prórrogas automáticas de los contratos de alquiler, alquileres indefinidos y regulación de los arrendamientos de temporada y por habitaciones.
La portavoz ha defendido que el problema no se limita a los grandes fondos de inversión o a los especuladores, aunque los sitúa como parte central del conflicto. También ha insistido en que las instituciones deben asumir su responsabilidad, especialmente cuando se trata de vivienda pública o de inmuebles que permanecen vacíos mientras aumenta la demanda habitacional.
Durante la entrevista, María ha compartido también su experiencia personal como inquilina. Ha explicado que paga 850 euros de alquiler y ha recordado la situación vivida por su propia familia con una vivienda de renta antigua. Según ha relatado, la subida del precio obligó a dejar una casa en la que habían vivido varias generaciones, una experiencia que conecta con la de otras familias gaditanas que se sienten expulsadas de sus barrios.
El sindicato también ha puesto el foco en casos recientes abordados en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, como el de personas que viven en un coche o en locales sin cédula de habitabilidad. Para el colectivo, estas situaciones evidencian que la emergencia habitacional no es una cuestión abstracta, sino una realidad cotidiana que afecta a familias concretas.
Entre las demandas planteadas, el Sindicato de Inquilinas reclama que ninguna vivienda pública permanezca vacía, tanto en el parque municipal como en el de la Junta de Andalucía. También defiende la intervención sobre viviendas vacías en manos de grandes propietarios, fondos de inversión o fondos buitre, con el objetivo de destinarlas a alquiler asequible.
La acampada del Palillero busca así convertir un caso concreto en una denuncia colectiva sobre el modelo de vivienda en Cádiz. El mensaje del sindicato es claro: el problema no empieza ni termina con Mari Carmen, sino que forma parte de una crisis más profunda que afecta al acceso a la vivienda, a la permanencia en los barrios y a la posibilidad de vivir en la ciudad con un salario normal.
La protesta continúa en el centro de Cádiz con una reivindicación de fondo: que las administraciones dejen de tratar la vivienda como un bien de mercado y la aborden como un derecho básico. Para el colectivo, la respuesta institucional debe ir más allá de nuevas promociones o anuncios puntuales y centrarse en medidas inmediatas que frenen la expulsión de vecinos y vecinas de la ciudad.