La Fiscalía pide 24 años de cárcel para el acusado de estrangular a Mery y quemar su cadáver

La Fiscalía de Almería solicitará 24 años de prisión para el hombre que confesó haber matado a Mery, una mujer de 38 años cuyo cuerpo calcinado fue hallado en una zona de Retamar el 30 de diciembre de 2024. Según la acusación, el procesado acabó con su vida mediante una cadena metálica para perros con la que presuntamente la estranguló en el interior de un vehículo antes de quemar sus restos.

El acusado será juzgado por un tribunal del jurado y se enfrenta a una petición de 20 años de cárcel por un delito de homicidio, cuatro años por robo con violencia y otros cuatro meses por profanación de cadáver. Este último delito se relaciona con la quema del cuerpo, que habría arrojado previamente a una acequia con la intención de dificultar su identificación y ocultar lo sucedido.

En su escrito provisional de acusación, el Ministerio Público detalla que el procesado habría intentado deshacerse del cadáver antes de acudir, al día siguiente, a una comisaría para afirmar que había presenciado el crimen. En su primera versión, atribuyó la muerte a otra persona, aunque posteriormente terminó reconociendo ante los agentes su responsabilidad en los hechos.

Por su parte, la acusación particular, ejercida en representación de la familia de la víctima por la abogada Mónica Moya, reclama una pena de 30 años y cinco meses de prisión. La petición se distribuye en 25 años por un delito de asesinato con alevosía, cinco años por robo con violencia y otros cinco meses por profanación de cadáver.

La fiscal sostiene que la muerte se produjo dentro del coche que conducía el acusado, después de que ambos se desplazaran hasta las inmediaciones de un restaurante situado en el barrio de Costacabana. Según el relato de los hechos, allí habrían consumido cocaína base, una sustancia que llevaban tomando desde antes de las 20.00 horas, cuando el hombre recogió a la mujer tras haber quedado con ella.

El homicidio habría ocurrido después de las 23.00 horas, cuando ambos abandonaron la zona y regresaron tras surgir discrepancias sobre dónde dirigirse. Mientras el acusado pretendía ir a su domicilio en Retamar, Mery quería desplazarse hasta una vivienda de Las Marinas, en Roquetas de Mar, donde había dejado algunas pertenencias.

Durante la conversación, el procesado habría decidido, según la Fiscalía, acabar con la vida de la mujer. Para ello, habría cogido una cadena metálica para perros de unos 50 centímetros que se encontraba junto a la puerta del conductor, la habría ocultado entre sus piernas y la habría utilizado para estrangularla. El informe de la autopsia determinó que la causa de la muerte fue una «asfixia mecánica».

La acusación destaca que el hombre habría actuado de forma «súbita», aprovechando el reducido espacio del habitáculo del vehículo y un momento en el que la víctima le habría dado la espalda. Según la reconstrucción de la Fiscalía, el acusado le habría colocado la cadena alrededor del cuello y habría tirado de ella hasta provocar que perdiera el conocimiento y falleciera posteriormente.

Después de comprobar que la mujer no tenía pulso, el procesado se habría desplazado hasta Retamar y habría continuado hasta el Paseo de la Castañeda, deshaciéndose durante el trayecto de algunas pertenencias de la víctima. Una vez en la zona, habría abandonado allí el cadáver. La Fiscalía sostiene además que se apoderó de 150 euros que Mery guardaba en uno de sus calcetines.

A continuación, el hombre habría conducido hasta el barrio de El Puche, donde habría comprado más drogas. Tras permanecer allí durante un tiempo, regresó al lugar en el que había dejado el cuerpo, supuestamente para comprobar que la mujer había fallecido y tratar de ocultar sus restos de manera más eficaz.

Según la acusación, el procesado introdujo el cadáver de Mery en el vehículo y lo trasladó unos metros hasta una acequia. Allí habría cubierto el cuerpo con basura y distintos objetos. Para evitar que pudiera ser descubierto, también habría utilizado papel higiénico que llevaba en el coche y un mechero para prenderle fuego, hasta dejar los restos completamente calcinados e irreconocibles.

Alrededor de las 13.00 horas del día siguiente, el acusado se presentó en una comisaría de Policía Nacional y aseguró haber sido testigo de la muerte de una persona. En un primer momento, atribuyó lo ocurrido a un desconocido que, según su versión, también se encontraba en el vehículo.

Sin embargo, cuando acompañó a los agentes hasta el lugar donde había ocultado y quemado el cuerpo, terminó admitiendo que él mismo había causado la muerte de la mujer y relató lo sucedido.

El escrito de acusación también recoge que, durante la tarde anterior al crimen, la pareja había comprado y consumido drogas. Ambos fueron vistos por la madre de Mery, que les adelantó 100 euros procedentes del cobro de un premio de lotería. Asimismo, un tercer individuo les ayudó a introducir una bicicleta en el maletero del coche.

La fiscal señala que el acusado tiene diagnosticados trastornos mentales y del comportamiento relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias estupefacientes. No obstante, considera que en el momento de los hechos conservaba la capacidad para conocer y comprender sus actos, sin que se apreciara una disminución significativa ni una anulación de su voluntad.

La muerte de Mery provocó diversas manifestaciones y concentraciones impulsadas por sus familiares y personas cercanas, que reclamaron justicia y solicitaron que el caso fuera considerado como un episodio de violencia de género. Sin embargo, durante la instrucción judicial se descartó que existiera una relación sentimental entre la víctima y el acusado.