La Fiscalía constata el uso de Cabo de Gata como "refugio de narcolanchas"
La Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente a 2025 advierte que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar se ha convertido en un espacio utilizado por organizaciones dedicadas al narcotráfico
La Fiscalía de Almería ha constatado que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar se ha convertido en un espacio utilizado por organizaciones dedicadas al narcotráfico como refugio para narcolanchas y como punto de apoyo logístico para el suministro de combustible a embarcaciones que operan en distintos puntos del litoral andaluz.
Así lo recoge la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente a 2025 que advierte de la transformación de la actividad de estas organizaciones. Las embarcaciones ya no solo buscan protección en la costa almeriense ante episodios de mal tiempo, sino que también desempeñan labores de abastecimiento de gasolina para lanchas rápidas vinculadas al tráfico de drogas.
La Fiscalía subraya que el denominado petaqueo, consistente en el transporte y suministro de combustible para estas embarcaciones, se ha consolidado como una actividad “especialmente lucrativa” para las redes criminales. Ante la ausencia de un tipo penal específico, durante 2025 estas conductas fueron calificadas alternativamente como delitos de riesgo y de tenencia de sustancias inflamables, una vía que derivó en dos sentencias de la Audiencia Provincial de Almería.
Además, el Ministerio Público ha intensificado la persecución de los vertidos de hidrocarburos en el espacio protegido de Cabo de Gata-Níjar, abordándolos como delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Desplazamiento de las rutas
La presión policial desplegada en el Estrecho de Gibraltar y en la desembocadura del Guadalquivir ha propiciado, según la Fiscalía, el desplazamiento de parte de la logística del narcotráfico hacia el litoral almeriense.
En este contexto, Almería ha adquirido un papel novedoso en las rutas de entrada de cocaína. La memoria señala que la provincia “ha emergido” como punto de entrada o de almacenamiento de esta sustancia, alterando la geografía tradicional del tráfico de cocaína en Andalucía.
Durante 2025 se tramitaron en la provincia 187 causas penales por delitos contra la salud pública, 26 menos que en el ejercicio anterior. De ellas, 17 estuvieron relacionadas con el tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud con circunstancias agravantes, como la actuación de organizaciones criminales o el empleo de embarcaciones. Asimismo, se incoaron 16 procedimientos por tenencia ilícita de armas vinculada a la infraestructura del narcotráfico.
La Fiscalía advierte, no obstante, de la insuficiencia de medios para abordar este tipo de investigaciones. Pese a la complejidad de los procedimientos, el elevado número de investigados y la multiplicación de piezas separadas, la provincia cuenta con un único fiscal delegado, sin una sección especializada ni apoyo adicional. “Sería necesario al menos un fiscal más”, reclama el documento.
Inmigración irregular y menores no acompañados
La memoria sitúa también a Almería entre las principales puertas de entrada de inmigración irregular por vía marítima en Andalucía. A lo largo de 2025 llegaron a la provincia 5.112 personas a bordo de 337 pateras u otras embarcaciones precarias interceptadas en la costa.
Estos hechos dieron lugar a 26 procedimientos penales dirigidos contra patrones de embarcaciones y miembros de las mafias dedicadas al tráfico de personas.
Almería lideró además en Andalucía el número de expedientes para determinar la edad de menores extranjeros no acompañados, con un total de 709 durante el pasado ejercicio.
Preocupación por la violencia sexual entre menores
La Fiscalía expresa igualmente su preocupación por el “incremento alarmante” de los delitos relacionados con la violencia sexual entre menores. Durante 2025 se abrieron en Almería 75 expedientes de reforma por este tipo de conductas, una cifra solo superada en Andalucía por Sevilla, que registró 183.
El Ministerio Público atribuye este aumento, principalmente, al consumo “desbordado” de redes sociales y, de forma particular, de páginas pornográficas por parte de menores.
En términos generales, considera elevado el volumen de delitos contra la libertad sexual en sus distintas modalidades: agresiones y abusos a víctimas mayores y menores de edad, corrupción de menores, prostitución, exhibicionismo o trata de seres humanos con fines de explotación sexual.