La Audiencia Provincial de Almería ha dispuesto el embargo de los bienes y de los ingresos penitenciarios de Ana Julia Quezada, condenada por la muerte del niño Gabriel Cruz, con el objetivo de destinar esas cantidades al pago de las indemnizaciones establecidas para los padres del menor.
La resolución, emitida el 8 de octubre por la Sección Segunda, ordena la intervención del dinero depositado en la cuenta interna del centro penitenciario de Brieva, donde la interna cumple condena de prisión permanente revisable desde 2019.
El decreto establece igualmente la retención de “toda cantidad que perciba por cualquier concepto”, incluyendo el salario obtenido por trabajos en prisión, pensiones o posibles ayudas, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la responsabilidad civil derivada del delito.
Se ha precisado que Quezada percibe un salario aproximado de unos 200 euros mensuales por las tareas que desempeña dentro de la prisión, y se recuerda que el salario mínimo no puede ser embargado, motivo por el cual la defensa considera la medida jurídicamente cuestionable.
El abogado defensor de Quezada, Esteban Hernández Thiel, ha presentado un recurso contra el embargo, que aún se encuentra pendiente de resolución.
La medida responde a la solicitud presentada por la abogada de la madre de Gabriel, Verónica Guerrero, en representación de Patricia Ramírez, con el fin de asegurar el abono de las indemnizaciones fijadas en la sentencia.
Ana Julia Quezada fue condenada en 2019 a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel, de ocho años, ocurrido el 27 de febrero de 2018 en la pedanía nijareña de Las Hortichuelas. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo.