TRIBUNALES

Absuelven al alcalde de Huércal de Almería de prevaricación urbanística

La Audiencia Provincial considera que Ismael Torres no paralizó deliberadamente el expediente sancionador, sino que pidió completar la documentación con nuevos informes técnicos y jurídicos.

Onda Cero Almería

Almería |

Ismael Torres, alcalde de Huércal de Almería, durante el pleno | Ayuntamiento de Huércal de Almería

La Audiencia Provincial de Almería ha absuelto al alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres (PP), del delito de prevaricación urbanística por el que se enfrentaba a un año y tres meses de prisión y siete años de inhabilitación. El tribunal considera que el regidor no actuó para favorecer al promotor de unas viviendas construidas sin licencia, sino que pidió recabar más información ante las dudas y la complejidad del expediente.

La causa se centraba en la tramitación de un procedimiento sancionador iniciado en noviembre de 2017. El alcalde decidió aplazar su firma y devolverlo al funcionario responsable para que incorporara nuevos informes técnicos y jurídicos, al sospechar que podía existir un acuerdo municipal de 2005 que autorizaba el uso residencial de la parcela.

La Audiencia considera relevante el testimonio del funcionario, quien aseguró que el expediente no estuvo paralizado y que era necesario completarlo mediante consultas a los archivos municipales. Los magistrados concluyen que no existió dolo en la actuación del alcalde y que su decisión respondió a la necesidad de aclarar la situación urbanística antes de continuar con el procedimiento.

Dos viviendas construidas sin licencia

La sentencia sí considera probado que el promotor construyó, entre 2016 y noviembre de 2017, un vallado perimetral y dos viviendas de obra en una parcela de la calle Camino del Potro sin licencia municipal. Además, los terrenos estaban clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, por lo que las construcciones no podían ser autorizadas.

El promotor también ha quedado absuelto del delito de prevaricación, aunque ya había aceptado una condena de nueve meses de prisión y una multa por un delito contra la ordenación del territorio.

La resolución judicial establece que deberá asumir el coste de la demolición de lo construido, que asciende a 15.528,84 euros.