La Delegación del Gobierno en Melilla mantendrá el refuerzo policial que tiene desde hace días en el puerto, aeropuerto y la frontera terrestre para evitar una salida masiva de votos por correo con la intención de ser enviados desde fuera de la ciudad. De hecho, la delegada Sabrina Moh ha informado de que no tienen constancia de que haya salido de la ciudad un número elevado de votos por tierra, mar o aire debido a estos dispositivos establecidos.
Todo comenzó hace más de una semana cuando varios carteros de la ciudad fueron asaltados por encapuchados con el objetivo de robarles los votos por correo que transportaban. Se tomó la decisión de ponerles escolta a varios de ellos, según informó Moh, algo para lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local se habían coordinado para prestar ese "servicio extraordinario".
La delegada del Gobierno también afirmó que se había procedido a anular los votos por correo robados, de manera que si alguien acudía a Correos a depositarlos, saltara una alerta y esa persona fuera detenida.
El motivo es un aparente fraude masivo en el voto por correo de Melilla después de que la Junta Electoral de Zona (JEZ) notificase que unos 9.905 electores (un 17,95% del censo) habían solicitado esta modalidad, siete veces más que la media nacional y muy por encima de lo solicitado en otros comicios en Melilla.
Debido a las sospechas de fraude, la Junta Electoral de Zona decidió aplicar una medida no recogida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: que los votantes por correo no sólo tendrán que identificarse con su DNI en el momento de solicitar el voto, sino también en el momento de depositarlo en la oficina de Correos.
¿Por qué? Porque hasta ahora, la ley sólo obligaba a identificarse en el momento de solicitar el voto por correo, pero no al entregarlo. En estos casos, la ley permitía delegar esa función en un tercero, una persona autorizada por el votante a depositar el voto en la oficina de Correos.
Y es ahí donde puede producirse el fraude, ya que, según publicaba El Confidencial, hay personas autorizadas que se han presentado en las oficinas de Correos de Melilla hasta con una veintena de papeletas, mientras que otras se desplazan a la Península y lo entregan en Málaga o Almería para no llamar la atención.
Fue esto lo que propició, no sólo la decisión de la JEZ de aplicar la doble identificación en Melilla, sino su ampliación al resto de España por parte de la Junta Electoral Central (JEC).
La JEC destacó la "gravedad" que supone la posibilidad de un "uso fraudulento" del voto por correo, por lo que decidió exigir las oficinas de Correos de Melilla que pidiesen el DNI en el momento de entregar el voto. Asimismo, también amplió esa exigencia al resto de oficinas de Correos del territorio nacional cuando se trate de documentación electoral dirigida a alguna de las mesas de Melilla.
La decisión de la Junta Electoral de Zona se aplicará de manera inmediata, pero ya se están estudiando posibles soluciones a medio y largo plazo. Así lo explica El Confidencial, que publica que el Gobierno está estudiando reformar la Ley Electoral para que sea obligatorio identificarse en Correos a la hora de entregar el voto. Y que si, de forma excepcional, se delega en otra persona, se justifique debidamente y se solicite por escrito.
La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha confirmado que la limpieza en las elecciones está garantizada porque la Policía Nacional ya ha abierto una investigación ante las sospechas de fraude. Se sospecha que se estarían pagando hasta 200 euros por voto, además de compromisos de contrataciones o de ayudas públicas. Si esas 11.000 papeletas van a parar a un mismo partido tendría garantizado ya prácticamente el mismo apoyo que el que obtuvo el ganador de las elecciones de 2019.
La investigación sigue su curso pero, según han explicado en 'Más de uno', ya hay quien señala a Mustafá Aberchán, líder y candidato de Coalición por Melilla porque ya fue condenado en 2008 por comprar votos y porque ha sido la única formación melillense que no ha aplaudido la decisión de la Junta Electoral de que sea necesario entregar el DNI no solo a la hora de recoger el voto por correo sino también a la hora de presentarlo.