Vox pide al Supremo suspender el voto de los hijos de nacionalizados por la ley de nietos si sus padres no acreditan el exilio

Vox ha solicitado al Tribunal Supremo que amplíe la suspensión cautelar del derecho de voto a los hijos mayores de edad de las personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, cuando sus progenitores no acrediten documentalmente la condición de exiliados.

En un escrito de alegaciones presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el partido dirigido por Santiago Abascal sostiene que los hijos "deben quedar sujetos al mismo régimen cautelar que sus progenitores, puesto que su acceso a la nacionalidad se apoya en el reconocimiento previo de la de estos".

A su juicio, permitir que voten mientras permanecen suspendidos los efectos electorales de la inscripción del progenitor "comprometería la eficacia de las medidas acordadas". Aun así, Vox ha matizado que la suspensión solicitada "no se aplicaría cuando el progenitor cuente con la certificación consular exigida".

Identificación y custodia de los votos

En este sentido, ha reclamado que los ministerios de Exteriores y Justicia remitan al Supremo, a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral, antes del 20 de noviembre, "una relación nominal de los hijos afectados, con identificación de sus progenitores y de la documentación acreditativa del exilio".

También ha solicitado que la documentación electoral y los sobres de estos electores "se custodien por separado en las oficinas consulares y en las juntas electorales provinciales, sin cómputo definitivo hasta su verificación individual". De forma subsidiaria, el partido plantea que, si el Supremo no acuerda de inmediato la ampliación de las medidas, se identifique a los afectados y se mantengan sus votos separados hasta completar las comprobaciones.

Denuncia "información incompleta"

En su escrito, Vox asimismo ha denunciado que la información remitida por la Administración General del Estado "está incompleta". Según el análisis del partido, "de los 145.580 registros que incluyen información sobre el exilio, solo 901 —el 0,62%— figuran con exilio acreditado".

Además, ha señalado que "otros 17.775 registros de Buenos Aires carecen de información que permita comprobar ese extremo". Por ello, ha pedido al Supremo que requiera a la Administración "las certificaciones individuales de exilio, que complete la información de los registros de Buenos Aires y los datos identificativos que faltan, y que depure los duplicados y las discrepancias en las cifras de afectados".

Tres días de alegaciones

El Supremo decidió este viernes dar tres días a las partes personadas en el procedimiento para que se pronuncien sobre la petición de Iustitia Europa, el partido que dirige el abogado Luis María Pardo, de extender la suspensión cautelar del voto a los hijos de los nacionalizados por esa vía.

Según varias providencias a las que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados han acordado "no haber lugar a la adopción inaudita parte de las medidas cautelarísimas solicitadas por la representación de la formación", pero abren un trámite de audiencia para que, en un plazo común de tres días desde la notificación de la resolución, las partes "puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas en defensa de sus derechos e intereses legítimos". El plazo finalizaría el próximo miércoles.