Las ofertas de empleo deberán usar lenguaje neutro para evitar el "se busca camarera": las multas a las que se enfrentan las empresas
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley para dar cumplimiento a dos normativas europeas pendientes de aplicación con el objetivo de acabar con el "secreto laboral" en los procesos de selección.
Madrid |
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley para transponer dos normativas europeas que el Gobierno tenía pendientes de aprobar. Se trata de la relacionada con las condiciones laborales transparentes y previsibles y la de igualdad retributiva entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo o de igual valor.
A partir de ahora, independientemente de la duración de los contratos, las empresas deberán anunciar en sus ofertas cuál es el salario base, los complementos salariales, la jornada laboral o los horarios. La normativa también contempla un endurecimiento de las sanciones, ya que antes la omisión de estos datos era considerada infracción leve, pero ahora será una infracción grave.
Lenguaje neutro, obligación de informar del salario inicial y períodos de prueba de 6 meses como máximo
Con la nueva normativa, las empresas tienen la obligación de incluir en las ofertas el salario inicial del puesto. Otro cambio relevante es que, durante una entrevista laboral, no se podrá preguntar al candidato qué salario cobra actualmente o cobraba en la empresa anterior.
La nueva normativa también afecta al lenguaje. A partir de ahora, las ofertas de empleo y los nombres de los puestos de trabajo deberán emplear el lenguaje neutro para evitar discriminaciones y para que, tanto hombres como mujeres, reciban el mismo trato y salario por hacer el mismo trabajo. De esta manera, en palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se pretende evitar el "se busca camarera".
Asimismo, los trabajadores podrán pedir por escrito, en un plazo máximo de dos meses, información sobre el salario medio de los trabajadores que realicen el mismo empleo o similar y un desglose por sexos. La normativa también establece que en los contratos no podrá haber ninguna cláusula que prohíba a los trabajadores hablar sobre su sueldo.
Además, la norma contempla mecanismos para obligar a las empresas a justificar las diferencias retributivas entre hombres y mujeres. El Gobierno mantiene el 25% de brecha de género como límite a partir del cual las empresas deberán dar explicaciones y lo baja al 5% en aquellas con más de 100 trabajadores.
Del mismo modo, la normativa establece que el periodo de prueba será, como máximo, de seis meses y solo se podrá ampliar con causas justificadas. En los contratos de seis meses será de un mes y en los de duración inferior, se reducirá proporcionalmente. La norma también fija un preaviso de tres días para realizar horas complementarias. Si esto no se cumple, el trabajador podrá negarse sin sufrir consecuencias.
Endurecimiento de las sanciones
El Real Decreto Ley endurece las sanciones a las empresas que incumplan estos requisitos. Hasta ahora, no facilitar información sobre información esencial del contrato era considerado falta leve y sancionado con multas de entre 70 y 750 euros. Ahora pasa a ser falta grave y la cuantía pasa a ser de entre 751 y 7.500 euros.
También se tipifica como infracción grave no facilitar a los candidatos el salario inicial o el horario durante los procesos de selección y tomar represalias contra trabajadores que hayan reclamado sus derechos, tanto por vía judicial como extrajudicial.
Para que estas medidas entre definitivamente en vigor, el Real Decreto Ley debe ser aprobado por la Diputación Permanente en las próximas semanas. El objetivo de la ley, en palabras de Díaz, es acabar con "el secreto salarial", así como "prevenir posibles situaciones de discriminación en la empleabilidad y contribuir a reducir las brechas estructurales de género".