David Mejía explica los tres debates que se están mezclando sobre la ley de nietos: "Convendría recordar el orden de los acontecimientos"

El debate sobre la conocida como 'ley de nietos' parece que quedará instalada hasta la llegada de los comicios del próximo 29 de noviembre. La decisión del Supremo ha provocado la indignación en el Ejecutivo, que no entienden los motivos que han llevado al tribunal a mantener la suspensión de voto de más de 160.000 ciudadanos que se acogieron a la ley.

Sin embargo, el fallo tan solo rechaza la posibilidad de acudir a las urnas de aquellos que no han podido probar su descendencia. Y es que miles de personas se habían acogido a una instrucción del propio Gobierno para poder votar.

Es por ello que resulta extraño señalar al Tribunal Supremo cuando realmente todo parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Así lo expresa David Mejía en Más de Uno, donde destaca la urgencia electoral del presidente Sánchez tras decidir convocar elecciones.

Resulta sorprendente presentar al Supremo como responsable de haber creado el problema, cuando su origen es una instrucción del propio Gobierno. La urgencia electoral aparece cuando el presidente decide convocar las elecciones

Los tres debates de la ley de nietos

Tal y como explica Mejía, alrededor de la polémica están circulando tres debates sobre la ley de nietos. Por un lado, el periodista se pregunta si debería un español tener derecho a votar a pesar de no vivir en España. Resulta una cuestión que se acerca más a lo político y lo filosófico, pero que resulta "irrelevante" en estos momentos.

Según aclara Mejía, la legislación permite a un español votar "a pesar de no haber pisado en su vida el país", por lo que no se trata de una discusión que deba resolver el Supremo.

Derecho a voto o legalidad del censo

Por otro lado, y ante un conflicto, Mejía se pregunta si debe prevalecer el derecho al voto o la legalidad del censo. Es aquí donde el periodista se detiene para exponer la situación real del rechazo del Supremo.

"La Ley de Memoria Democrática permitió acceder a la nacionalidad española a descendientes del exilio. Pero después llegó una instrucción del Ministerio de Justicia que sustituyó la acreditación de una circunstancia por una presunción general: todos los españoles que salieron de España entre julio de 1936 y diciembre de 1955 serían considerados exiliados, sin necesidad de demostrar nada", expone.

Además, dentro de este contexto es importante tener en cuenta el orden de los factores. Mejía destaca la secuencia exacta que ha provocado toda esta discusión política, señalando que primero llegó la instrucción del Ministerio de Justicia ampliando el acceso a la nacionalidad y, después, fue el Supremo el que acordó suspender los efectos electorales.

Tras todo ello, el presidente del Gobierno decidió convocar elecciones, y lo hizo sabiendo que existía un fallo del Supremo que afectaba al censo. Por ello, Mejía asegura que la reacción del Ejecutivo es "sorprendente". "El problema jurídico tiene su origen en una instrucción del propio Gobierno. Y la urgencia electoral aparece cuando el presidente decide convocar las elecciones conociendo perfectamente la situación".

¿Existen motivos para creer en un pucherazo?

La última gran cuestión que gira alrededor de la ley de nietos y las elecciones es la confianza del pueblo respecto a la legalidad de los comicios. David Mejía apunta a la gran pregunta. "¿Cree que Pedro Sánchez y su entorno serían capaces de intentar manipular unas elecciones?".

Y aquí confluyen dos situaciones: la seguridad del sistema electoral español y la confianza en las personas que gobiernan. Para el periodista, el gobierno de Pedro Sánchez se ha 'ganado' la sospecha de la ciudadanía, pero de ahí a un pucherazo hay un largo camino.

No obstante, Mejía vuelve a poner el foco en la legalidad de la instrucción y el ataque hacia la justicia. "Lo que sí es preocupante es que el Gobierno haya aprobado una instrucción cuya legalidad está cuestionada y que, cuando el Supremo exige aclarar sus consecuencias, la respuesta sea que se está atacando la democracia".

Además, subraya el sinsentido de culpar al Supremo de crear el problema. "Una cosa es discutir si los jueces han adoptado la decisión correcta, y otra muy distinta atribuirles la responsabilidad de un problema que no crearon", concluye.