Madrid |
Las últimas elecciones autonómicas extremeñas, celebradas en mayo de 2023, dejaron un reparto de escaños en la Asamblea de Extremadura muy equilibrado entre las dos fuerzas principales: PSOE y PP, ya que ambas tuvieron 28 escaños cada uno. Una cifra insuficiente para conseguir la mayoría absoluta, que requiere 33 escaños. Eso significó que la gobernabilidad dependió de pactos o acuerdos entre fuerzas, lo que puso el foco en alianzas y negociaciones dentro del Parlamento regional. De estas negociaciones surgió la alianza entre el PP y VOX. Y la ruptura de la misma, es lo que ha forzado a María Guardiola, actual presidenta de Extremadura y candidata por el PP, a convocar unas nuevas elecciones.
La Asamblea de Extremadura cuenta con 65 diputados, de modo que la mayoría absoluta se sitúa en 33:
Ningún partido logró la mayoría absoluta y recayó sobre VOX la gobernabilidad de la región.
La Asamblea de Extremadura está integrada por 65 diputados, elegidos mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
El territorio autonómico se organiza en dos circunscripciones electorales, que coinciden con las provincias de Badajoz y Cáceres. Cada provincia cuenta con un mínimo de 20 escaños, y los 25 restantes se distribuyen en función de la población.
La atribución de escaños a las candidaturas se lleva a cabo mediante el método de la Ley D’Hondt. Este sistema de reparto de escaños es utilizado en muchos procesos electorales proporcionales. Consiste en dividir los votos obtenidos por cada candidatura entre una serie de divisores (1, 2, 3, 4…) y ordenar los resultados de mayor a menor para asignar los escaños disponibles. Aunque busca reflejar el apoyo real de cada lista, tiende a favorecer ligeramente a los partidos más votados y a aquellos con mayor concentración territorial, frente a formaciones pequeñas o con apoyos muy dispersos. Además, requiere superar el 5 % de los votos válidos en la comunidad —o en la circunscripción correspondiente— para entrar en el reparto.