La justicia llega a los cortijos de las federaciones deportivas

La buena noticia es que cada vez son más los presidentes conscientes de que hay que terminar con las prácticas abusivas y que están dispuestos a levantar alfombras. Este es el caso del actual presidente de la Federación Española de Rugby, Alfonso Feijoo, que en 2015, amparado por el CSD que presidía Miguel Cardenal, decidió poner en manos de la justicia la gestión de su predecesor Javier González Cancho, quien 6 años después ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, así como a pagar las costas e indemnizar a la FER con 105.702 € como autor responsable de un delito de administración desleal.

Lamentablemente todavía hay casos en los que se protege a sus antecesores. Un ejemplo claro es el de la Federación de Remo, donde su presidenta Asunción Loriente no ha querido que la Federación se persone en la causa abierta contra Fernando Climent por presunta apropiación indebida. También hay casos que provocan la autocensura de los medios y periodistas con demandas y querellas con escaso o nulo fundamento que los tribunales van desestimando, como algunas recientes de Luis Rubiales (fútbol) o Román Mangas (expiragüismo), quien también ha visto archivadas dos querellas contra su exdircom Enrique Prendes.

Todavía pendientes de la justicia están entre otros, el presidente de Taekwondo, Jesús Castellanos, o los investigados en la Operación Soule contra la corrupción en la Federación Española de Fútbol durante la última etapa de Angel María Villar.

"Durante su tiempo como presidente, realizó gastos desproporcionados no acordes con los ingresos de la FER, con intención de favorecer a determinadas personas con las que había trabado relación". Cancho, de héroe a villano.

Tras ser jugador y triunfar como entrenador de El Salvador de Valladolid, el sino cambió para Cancho cuando pasó del terreno a los despachos, del pantalón corto al traje y corbata.

Los que le conocen desde su etapa de jugador le definen como un tipo cercano y de buen trato, aunque su paso a la política primero como Concejal del Ayuntamiento de Arroyo de la Encoimenda y después como Presidente de la Federación Española de Rugby, generó dudas a más de uno. Hoy se puede decir que aquellas dudas se han convertido en certezas, Cancho ha sido condenado por administración desleal de la Federación Española de Rugby con unos hechos probados y que finalmente ha tenido que reconocer.

Algunos de estos hechos que aparecen en la sentencia de la Audiencia Provincial Penal de Madrid son:

-Se pagaron 30.000 euros a un arquitecto de Valladolid por orden suya en concepto de honorarios del informe sobre la Ciudad del Rugby Español en Arroyo de la Encomienda, sin que el comité ejecutivo ni la junta directiva de la FER hubiesen acordado la elaboración de dicho informe ni conocieran el encargo. "No existe tampoco indicio alguno de que dicho proyecto fuera a desarrollarse o se hubiese realizado la mínima gestión con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda para su implantación".

-En enero 2013 contrató a una empresa mercantil administrada por José Juan Taboada, que había sido jefe de gabinete de la Alcaldía en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, para la elaboración del diseño y programación de una nueva página web. Esta contratación "se realizó sin los requisitos de concurrencia exigidos por el Consejo Superior de Deportes (CSD)" y por un precio muy superior al ordinario del mercado, con un resultado, además, "arcaico e ineficaz y hubo de ser sustituido".

Contratos a amigos

-En 2012, "con intención de beneficiar a su amigo personal J.C.L., formalizó como presidente de la FER un contrato con la empresa Oesía Networks" para la realización de un proyecto de digitalización presupuestado en 500.000 euros, nuevamente sin cumplir los requisitos de concurso exigidos por el CSD. Finalmente, solo se desarrolló la fase 0 de dicho proyecto. Entre julio de 2013 y marzo de 2014, la empresa Oesía facturó a la FER 37.650 euros por los servicios prestados. Además, J.C.L. acabó incorporándose a la FER el 1 de abril de 2014. Esto supuso un incremento salarial respecto a la remuneración del anterior secretario técnico de 26.535 euros, a pesar de haberse impuesto un Plan de Viabilidad por el CSD a la vista del estado económico de la FER, que también fue incumplido, motivo por el cual se le impuso una sanción.

De Arroyo de la Encomienda a Las Vegas

-En febrero de 2013, González Cancho "sufragó, con cargo a la FER, el viaje y la estancia en la ciudad de Las Vegas de dos personas ajenas a la actividad de la federación", siendo una de ellas el exalcalde del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Mendes Freijo, quien fue también fue condenado en 2013 a tres años de cárcel por cohecho.

Además de la pena impuesta por los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, Cancho tendrá que enviar un escrito de disculpa al rugby español en el que se debe incluir el reconocimiento a la correcta labor profesional desarrollada por José Manuel Moreno González y Rafael Sempere Luján, trabajadores de la FER mientras él fue presidente. Este escrito de disculpa ha contado con el asesoramiento y la aceptación del abogado de González Cancho y del Ministerio Fiscal, y podría hacer que la FER pidiera el efectivo cumplimiento de la pena de prisión de 6 meses en caso de que no lo remita.

Así se levantaron las alfombras

El actual presidente de la FER, Alfonso Feijoo, inició el proceso judicial contra González Cancho que ha dado lugar a esta sentencia en respuesta a la voluntad de la Asamblea General, quien, en su reunión del 12 de julio de 2014, aprobó, con 49 votos a favor y 5 en contra, pedir responsabilidades y la necesidad de llegar hasta el final.

El 11 de mayo de 2015, el Consejo Superior de Deportes (CSD) presidido por Miguel Cardenal, etapa en la que se destaparon más corruptelas, remitió una carta a Alfonso Feijoo en la que decían que, "dada la repetida vulneración del Código del Buen Gobierno, el despilfarro y el cúmulo de irregularidades en los informes de auditoría", recomendó "adoptar las medidas legales que consideréis oportunas para exigir las responsabilidades que pudieran derivarse a las personas que formaron parte del grupo directivo que gobernó la FER entre julio de 2012 y abril de 2014".

De esta forma, el 10 de julio de 2015, víspera de la celebración de su As amblea General, la FER presentó la querella por los delitos de prevaricación, administración desleal y apropiación indebida, 6 años después ha llegado la condena.