La Fiscalía sostiene la acusación contra Álvaro Aguado y pide 9 años de prisión por agresión sexual
El ministerio público describe una agresión con penetración y sitúa el eje del caso en la falta de consentimiento expreso de la víctima, que habría manifestado su negativa durante los hechos.
La causa contra el exjugador del RCD Espanyol entra en una fase clave con el escrito de acusación del ministerio público, que fija una petición de pena elevada y detalla un relato de hechos en el que el consentimiento —o su ausencia— se convierte en el elemento central del procedimiento.
El relato de la acusación: una secuencia concreta de hechos
Según el escrito de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de junio de 2024 en la discoteca Opium de Barcelona. Aguado, entonces jugador del conjunto perico, coincidió con la denunciante —trabajadora del club— en una zona reservada del local.
Tras un primer contacto en ese espacio, el futbolista la condujo fuera del reservado. La mujer presentaba signos de haber consumido alcohol, estando "transitoriamente mareada y afectada", aunque consciente, según recoge la acusación.
Después de que se les impidiera el acceso a otra zona del local, ambos se dirigieron al baño masculino, donde la Fiscalía sitúa la agresión sexual, con penetración vaginal y oral.
La negativa de la víctima, clave en la calificación
Uno de los elementos centrales del escrito es la reiteración de la falta de consentimiento. La denunciante, siempre según la Fiscalía, pidió que "parase" y expresó que "no quería tener relaciones sexuales", en un contexto descrito como de "estado de shock".
La acusación sostiene que el procesado no detuvo inicialmente su conducta pese a esa negativa y que solo cesó después, momento en el que se vistió y dijo: "Tú no me conoces, y yo a ti tampoco".
Estos elementos sustentan la imputación de un delito de agresión sexual con penetración.
Petición de penas y medidas
La Fiscalía solicita una pena de 9 años de prisión para Aguado, que se encuentra en libertad provisional. Además, pide que, una vez cumplida la condena, se le imponga libertad vigilada durante 10 años.
En el plano económico, reclama una indemnización de 65.000 euros: 55.000 por daño moral y 10.000 por las secuelas psicológicas que presenta la víctima.
También solicita una orden de alejamiento que impida al acusado acercarse a menos de 1.000 metros o comunicarse con la denunciante durante 8 años tras la eventual salida de prisión.
El procedimiento se encuentra pendiente de enjuiciamiento. Será el tribunal el que determine la validez de las pruebas y fije, en su caso, la responsabilidad penal del acusado en un caso que se apoya de forma central en el relato de los hechos y en la acreditación del consentimiento.